“Esta iniciativa solo responde a lo de siempre: castigar a Madrid por no saber votar”. “Destrozar Madrid es destrozar España”. La primera afirmación sale del entorno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la segunda, de boca de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tono de las afirmaciones indica que la batalla dialéctica y política está servida en la capital y que el debate que ha lanzando el Gobierno sobre la descentralización de las instituciones públicas, bien acogida en otras comunidades, es otro frente de batalla que Pedro Sánchez ha regalado al PP en Madrid. Y ni Ayuso ni Almeida tienen intención de soltarlo.
La vertebración y cohesión de España o el desarrollo de otros territorios regionales está en el origen de este debate, casi tan antiguo como la democracia española. Pero ha vuelto con fuerza en los últimos días de mano del presidente del Gobierno. Visto el ruido generado (precisamente en Madrid) tras las primeras declaraciones de Sánchez, Moncloa matizó que no se trataba tanto de sacar de la capital instituciones ya asentadas sino de ubicar en otras comunidades aquellas de nueva creación. Pero este último sábado, Sánchez retomó la idea inicial con nitidez al apuntar que está a favor de abrir "un debate sereno, leal, pero también honesto, de la necesidad de que muchas de estas instituciones públicas salgan de la capital de España".
La batalla quedó así otra vez abierta en canal. Ayuso tardó poco en argumentar que con esta forma de descapitalizar Madrid el único objetivo de la izquierda es buscar votos en otros territorios creando “de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata agravios contra Madrid”. ¿Por qué? Porque, en su opinión, dan por perdida Madrid.
Almeida, por su parte, procuraba hasta ahora tener un discurso más moderado en público pero tampoco suelta el guante. Aboga por defender que los distintos territorios de España no son enemigos y que Madrid solo busca ser tratada igual que el resto, ni mejor ni peor. Pero en su entorno no dudan de tildar de demagogia el debate y critican que se sugiera siquiera que la solución de la llamada España vaciada pase “por vaciar Madrid de instituciones y convertirla en la única capital del mundo sin ministerios”, puesto que eso no resolvería el problema y crearía nuevos vinculados a mayor gasto, ineficiencias, etc.
Debate antiguo
La idea de utilizar la ubicación de las instituciones como eje vertebrador del país es tan antigua como el Estado de las Autonomías. El debate estuvo sobre la mesa y sobre la opinión publicada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el independentismo catalán estaba en pleno auge, aunque no pasó de ahí: el Ejecutivo no se atrevió a trasladar a Cataluña ningún organismo estatal ya ubicado en Madrid y no encontró ninguno de nueva creación que llevarse allí.
Sí lo hizo, en cambio, José Luis Rodríguez Zapatero. Apostó por localizar en León un nuevo organismo vinculado a una industria puntera después de años de crisis en la región a causa del carbón y la minería. Allí se inauguró en 2006 la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, ahora convertida en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. También el Poder Judicial, en los años de Gobierno de José María Aznar y pocos meses después de que la formación de los jueces dejara de depender del Ministerio de Justicia, optó por establecer la Escuela Judicial Española en Barcelona en 1997.
Elecciones en Valencia
En estos tiempos el discurso sobre el efecto capitalidad, incluida la ubicación de las instituciones, renace de boca de un barón socialista, Ximo Puig, en una tierra donde PP y PSOE se juegan mucho en las próximas elecciones: Valencia. También por el peso que han ganado en el discurso público las plataformas de la llamada España vaciada, que amenazan con arañar algún escaño a las dos formaciones nacionales en otros territorios.
En la Comunidad Valenciana el resultado de las próximas elecciones autonómicas puede inclinar la balanza de las generales unos meses después, y si dar alas a su presidente Ximo Puig permite no perder este bastión, aun a costa de facilitar, como se ha visto, el discurso de los populares en Madrid, no parece importar.
Dilema para la izquierda madrileña
Sin embargo, el debate deja a la izquierda en Madrid en una situación difícil. Todos los partidos de izquierdas en la región se alinean con el Gobierno incidiendo en que la deslocalización no debería ser un drama y que es Ayuso quien alimenta el discurso de confrontación por este asunto. Entre los socialistas madrileños procuran darle normalidad al debate asegurando que ya es algo que ocurre en otros países sin que pase nada y que tampoco generaría un problema en la capital. Pero necesitan capear el “madrileñismo” que tantos apoyos le ha generado a Ayuso, así que apuestan por desviar el debate hacia otro lado, apuntando que es mucho más grave la descapitalización de servidores públicos en la Comunidad, donde resulta difícil cubrir las ofertas para médicos y profesores porque prefieren irse a otras comunidades donde encuentran mejores condiciones laborales.
Algo similar hacen en Más Madrid. Evitan poner el foco en el Gobierno de la nación, aunque reconocen que el compromiso para combatir la despoblación o vertebrar el territorio debe ir mucho más allá de la simple descentralización de instituciones. La confrontación que busca Ayuso, dicen, es para evitar hablar de otros problemas de la región como la vivienda, la movilidad o la atención primaria.
