La decisión que esta semana adopte la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre la idoneidad de Dolores Delgado para seguir siendo fiscal general del Estado tendrá consecuencias respecto de varios nombramientos que deben realizarse en los próximos meses en puestos clave como son la Audiencia Nacional, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción, cuyos titulares agotan en 2022 sus cinco años de mandato.

Además, Delgado ha manifestado en varias ocasiones que no renovará a los jefes que lleven dos mandatos. De este modo, la decisión del alto tribunal, que parece inclinarse por avalar la permanencia en el puesto de la exministra de Justicia, afecta a varios miembros de la carrera que aspiran a renovar o acceder a determinados puestos que deben ser designados en febrero y julio próximos.

Los nombramientos discrecionales en la Fiscalía se discuten en el Consejo Fiscal, en el que hay miembros de la carrera de distintas sensibilidades, si bien es la fiscal general la que propone al Consejo de Ministros los nombres que finalmente considera adecuados para ocupar las distintas jefaturas.

En febrero de 2017 se convocaron las plazas de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales y también las jefaturas en las fiscalías especiales de Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Audiencia Nacional, Antidroga y en la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que ahora vencen.

Se cumple el mandato en Anticorrupción

Para esta última se designó Manuel Moix, una elección muy polémica del fallecido fiscal general José Manuel Maza que apenas duró, pues el entonces fiscal Anticorrupción dimitió del cargo a los 87 días de su llegada tras conocerse que desde 2012 era dueño del 25 por ciento una empresa 'offshore' en Panamá junto con sus hermanos. Le sucedió el actual jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que cumple cinco años de mandato a principios del próximo mes de julio.

Entre los candidatos de entonces estaban la teniente fiscal Belén Suárez y María Teresa Gálvez, quien dentro de este departamento es una de las fiscales adscrita al 'caso Púnica', pero ninguna fue elegida para esta plaza, que nunca ha sido para una mujer.

En cuanto en la Audiencia Nacional hace cinco años se presentaron, entre otros, el actual fiscal del Supremo Javier Zaragoza, que aspiraba a un tercer mandato; el número dos en la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda o el entonces fiscal superior de Madrid Jesús Caballero, quien hace años también ejerció en la Audiencia. Finalmente el puesto fue para el entonces teniente fiscal y portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales Jesús Alonso.

Demanda de la asociación conservadora

El pasado mes de junio la conservadora Asociación de Fiscales (AF) presentó una demanda contenciosa en el Tribunal Supremo contra los nombramientos de Delgado, aún pendiente de resolver según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas. En esta demanda se acusa a la fiscal general de tener "querencia" por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que perteneció antes de ser nombrada ministra de Justicia-- a la hora de realizar nombramientos discrecionales en los altos estratos de la FGE.

Ya en octubre de 2020 Delgado rechazó promocionar a los fiscales del 'procés' para la plaza de fiscal de Sala jefe de sección Penal en el Tribunal Supremo al que se habían presentado Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, tres de los fiscales que intervinieron en el juicio del 'procés'. En dicha ocasión optó un cargo de su confianza, el fiscal José Javier Huete que hasta entonce ejercía Unidad Especializada de Menores de la Fiscalía General del Estado.

También hubo nombramientos en enero de este año, entre los que destacó el de Juan Ignacio Campos, el fiscal que dirige las investigaciones contra el Rey emérito, como teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS). Además, el pasado 4 de mayo Dolores Delgado ascendió entre otros a Antonio Romeral, el fiscal que acusa en la causa por la 'caja b' el PP al puesto de teniente fiscal Anticorrupción; así como a la que fuera portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales (UPF) Teresa Peramato, que obtuvo la Fiscalía de sala contra la Violencia Sobre la Mujer.