Ley de Eficiencia

El CGPJ ve riesgo de "apariencia" de tribunales 'ad hoc' en una ley de Justicia

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba este jueves su informe sobre la Ley de Eficiencia Organizativa, un proyecto impulsado por Llop en detrimento de la LECrim

Se valora positivamente el Anteproyecto, pero también hay "inconsecuencias y aspectos dudosos" como demarcaciones que se solapan y falta de especialización en los jueces

La ministra de Justicia, Pilar Llop, clausura el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales "Reencuentro Progresista"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, clausura el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales "Reencuentro Progresista" / EFE

Cristina Gallardo

El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que impulsa el Ministerio de Justicia, que creará los tribunales de instancia como primer escalón de la organización judicial en España, pasará este jueves con bastante buena nota su examen en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el borrador del informe que discutirán los vocales advierte también de "insuficiencias, inconsecuencias y aspectos dudosos que merecen ser reconsiderados", entre los que se encuentra el riesgo de "apariencia" de falta de imparcialidad en los nuevos órganos por el sistema elegido para la composición de los mismos.

El borrador del informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, lo firman los vocales Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y María Ángeles Carmona, y en él se advierte de que la regla de composición de estos órganos colegiados deja amplios márgenes de discrecionalidad en mano del presidente del tribunal de instancia, lo que unido a la ausencia de criterios generales "no impide el riesgo de apariencia de designaciones ad hoc". 

Por ello, los ponentes creen que el pre legislador debe realizar un esfuerzo de predeterminación de las reglas de composición a partir, por ejemplo, de la aprobación de un turno con base en criterios objetivos con carácter anual.

Impulso de LLop

Esa Ley, incardinada dentro del proyecto Justicia 2030, es el segundo que informa el CGPJ del grupo de tres leyes de Eficiencia diseñadas por el anterior equipo ministerial, presidido por Juan Carlos Campo, y que la actual ministra, Pilar LLop, ha primado para su aprobación en detrimento de otras reformas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC)

Esta última, dirigida a superar el actual modelo decimonónico de juez instructor, iba a ser la joya de la corona del departamento de Campo, pero se ha pedido al Consejo que no tenga prisa a la hora de realizar su informe además de crearse una comisión que la revisará tras recibir un dictamen muy crítico del Consejo Fiscal. Ello supone meterla en un cajón, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el Consejo. En cambio, Llop pidió acelerar el informe sobre la ley de los tribunales de instancia y en el Consejo de Ministros del pasado 19 de octubre se aprobó el Anteproyecto de la última de las previstas, la de Eficiencia Digital. 

Otros puntos a mejorar

Además del punto sobre la composición de los tribunales, los vocales ponentes expondrán a sus compañeros otros aspectos débiles del Anteproyecto, como es la convivencia en un mismo Tribunal de Instancia, en particular, los situados en las capitales de provincia, de Secciones con demarcación limitada al partido judicial junto con otras de demarcación provincial, lo puede general cierta confusión por solapamiento. "El planteamiento del prelegislador es, de este modo, continuista con la demarcación actual, renunciando a opciones más ambiciosas como la planteada en 2014 con la creación de tribunales de instancias de base provincial", advierte el borrador de informe.

También advierten de que no se prevea una especialidad en Infancia, Familia y Capacidad dentro de la Carrera Judicial que incida en la promoción profesional y en la provisión de los destinos de estos órganos jurisdiccionales especializados; o que no se contemple, al menos, una especial formación y capacitación de los jueces y magistrados que hayan de servir en estos órganos judiciales.

Violencia de Género

En materia de Violencia sobre la Mujer, añaden que el carácter excepcional de la 'comarcalización' de los juzgados que contempla la reforma "no se alinea con las propuestas de actuación que integran el Pacto de Estado en materia de violencia de género", que favorece mantener la ampliación de la jurisdicción de los juzgados de Violencia a dos o más partidos judiciales si repercute en una mejora cualitativa de la atención y los medios con los que se cuenta.

A pesar de estas advertencias, la propuesta sometida a debate valora positivamente que se busque superar el modelo decimonónico del Juzgado como órgano unipersonal que, a juicio de la Exposición de Motivos de la ley, ha ido quedándose obsoleto como consecuencia de los cambios sociales derivados de una mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas, el importante incremento de la litigiosidad y el avance espectacular en el campo de las tecnologías de la información y comunicación, así como en las infraestructuras de transporte.

También encuentran positivo que se racionalice el modelo judicial, al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción; que se facilite se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales a la hora de incrementar las capacidades del sistema justicia y que se promueva la homogeneidad de criterios y prácticas, "con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley".

Análisis de impacto

En cuanto al impacto de la ley, en los informes remitidos al CGPJ el Ministerio destacaba que los tribunales de instancia serán un "instrumento idóneo para reducir la brecha territorial, la brecha digital y la brecha ecológica, acercando los servicios públicos a las personas con independencia del lugar en el que habiten".

"Se contempla, por lo tanto, como una acción positiva, pues comprende medidas específicas de intervención que actúan sobre las barreras sociales que dificultan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", añade el análisis de Justicia.

El Ministerio también considera que el nuevo modelo organizativo basado en los nuevos Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina judicial "contribuirán muy eficazmente a disminuir los desplazamientos diarios a las sedes judiciales", ya que se prevé la posibilidad de que los funcionarios trabajen desde sus domicilios, o desde oficinas en los municipios más próximas a sus lugares de residencia, pero no necesariamente ubicadas en las sedes físicas de los tribunales.

También prevén la posibilidad de realizar un gran número de actuaciones que hasta ahora se realizan de forma presencial ante los Tribunales, mediante sistemas seguros de videoconferencia, evitando desplazamientos; además de evitar concentración de personas en sedes judiciales con la consiguiente disminución del riesgo de contagio de cualquier tipo de virus.