La derogación de la ley mordaza empieza a coger velocidad. Tras meses atascada en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos han decidido reactivar la tramitación parlamentaria para tumbar algunos de los aspectos de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana que aprobó el PP en 2015. El compromiso de ambos partidos de dejar de prorrogar el plazo para incluir enmiendas ha llegado acompañado de "un principio de acuerdo" para blindar el derecho de reunión y permitir la grabación de agentes de policía, según explican fuentes moradas. Aunque matizan que aún quedan "importantes puntos por discutir". Fuentes socialistas también admiten que hay "avances significativos", pero avisan de que la negociación no está cerrada.
PSOE y Unidas Podemos se presentaron a las elecciones de 2019 con el claro compromiso de derogar la 'ley mordaza'. En el acuerdo de coalición en el punto 5.6, se comprometieron a sustituir esta norma por una nueva "a la mayor brevedad". Sin embargo, durante estos dos años han ido dilatando el proceso. Sus socios parlamentarios llevan meses afeándoselo. No obstante, en las últimas semanas han ido moviendo ficha.
La última, una reunión entre ambos socios celebrada este jueves en la que llegaron a "un principio de acuerdo" para que se garantice la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica sin que en ningún caso "la ausencia de comunicación previa" impida su ejercicio. Esto avalaría la celebración de concentraciones sin necesidad de informar a la Delegación del Gobierno. En esta cita también llegaron a un entendimiento para que no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, salvo que afecte al derecho a la intimidad o la seguridad de los profesionales o sus familiares.
Multas y detenciones
Fuentes moradas explican que ambos partidos se han sentado a la mesa para trabajar "sobre los consensos alcanzados en 2018", cuando ya preparaban la derogación de la 'ley mordaza'. Así, recalcan que ya han llegado a otros acuerdos, aunque todavía no están claramente definidos. Entre los entendimientos está reducir la cuantía de las multas que se recogen en la norma y que pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. Plantean rebajar las cantidades "excesivas" y, sobre todo, vincularlas a la capacidad económica del administrado.
Otro de los aspectos que pretenden reformar es la identificación de una persona por parte de la policía. En el caso de que una persona no pueda ser identificada en la vía pública, socialistas y morados quieren impulsar que el tiempo que pase en comisaría para realizar este proceso no exceda de las dos horas, "salvo causa excepcional". Además, plantean que los agentes deban devolver a la persona identificada al lugar desde el que fue trasladado a comisaría. Sobre los registros corporales han acordado que solo puedan realizarse cuando haya "indicios concretos y comprobables".
Búsqueda de consensos
Los dos socios del Gobierno seguirán negociando en los próximos días más enmiendas al articulado. Fuentes de Unidas Podemos explican que en la reunión de este jueves se constató que "quedan importantes puntos que discutir" y que su formación "seguirá trabajando para que el acuerdo supongan un avance en los derechos y las libertades". Será la próxima semana cuando la norma se desbloquee y reanude su tramitación parlamentaria al ser enviada a la Comisión de Interior. Ambos partidos tendrán también que negociar con el resto de socios parlamentarios, todos ellos muy críticos con la ley que impulsó el PP.
