El Congreso de los Diputados va a investigar el plan de vacunación sin el testimonio de los cargos políticos que lo dirigieron. Ni el exministro Salvador Illa, ni su sucesora al frente de Sanidad, Carolina Darias, serán llamados a una comisión que este miércoles previsiblemente cierre su formato y modo de trabajar. Será descafeinado casi al cien por cien, porque, como han informado fuentes parlamentarias a El Periódico de España, los comparecientes serán cargos técnicos de la administración central y de las consejerías autonómicas. También se aprobará la asistencia de "representantes" de las empresas suministradoras de vacunas, sin más precisión.

Ésta es una comisión que nació en circunstancias extrañas y que se ha cocinado en circunstancias aún más extrañas. Repasar los plazos que ha seguido corrobora esta lectura: el pleno apoyó su creación en marzo de este año; la comisión se constituyó a finales de junio. Fue el pasado octubre cuando empezaron a reunirse los integrantes de su Mesa (el órgano que la coordinará) y los portavoces elegidos por los grupos parlamentarios. Celebraron dos sesiones para acordar un plan y un calendario. Este jueves habrá otra. No se ha alcanzado ningún pacto en casi nada. Las fuentes consultadas indican que la lista de comparecientes que salga adelante será la acordada inicialmente por PSOE y Unidas Podemos.

El Periódico de España ha accedido a esa lista. No hay nombres conocidos. No hay objetivos políticos. Diputados de PP y de Cs llevaban tiempo advirtiendo de que la comisión de investigación no ayudará a esclarecer los interrogantes abiertos, precisamente porque localizar esos interrogantes arroja conclusiones diferentes según quienes las hagan.

En el PSOE y en Unidas Podemos indican que la investigación parlamentaria se desenvolverá en un marco muy limitado porque el proceso de vacunación ha sido el determinado por la Unión Europea. Escaso margen hay. El PP considera que durante las etapas iniciales de gestión, sobre todo la compra y el reparto de dosis de la vacunación entre comunidades autónomas, han quedado ensombrecidas por criterios aleatorios y arbitrarios, quizá políticos. También se propusieron aclarar por qué los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedaron excluidos de las inyecciones en Cataluña. En su lista de comparecientes figuraba un representante de un sindicato policial.

Ciudadanos puso el foco en los supuestos 'enchufados políticos' del proceso, ya que cuando tocaba dar las dosis a las personas mayores y a las personas con enfermedades trascendió que algunos se colaron. En Murcia, antes de la moción de censura que arruinó el Gobierno de coalición PP-Cs en la Región dimitió el consejero de Sanidad porque se supo que se vacunaron hasta familiares de funcionarios de dicho departamento. El grupo que dirige Edmundo Bal solicitó la comparecencia del presidente murciano, Fernando López Miras, para que explicara cómo pudo pasar semejante cosa. Y Compromís amagó con pedir las comparecencias de las infantas Cristina y Elena, pues el diario 'El Confidencial' publicó que se habían ido a visitar a su padre a Abu Dabi, y de paso, a vacunarse. La intención del partido valenciano, hasta este martes, seguía siendo esa. Todo apunta a que no fructificará.

Lejos de la política

Los grupos aliados del PSOE y de Unidas Podemos, como ERC, Más País o la propia Compromís, no ponen objeciones a que acudan cargos políticos, señalan fuentes de estos partidos, aunque no quieren que eso signifique una politización de los trabajos. Según la opinión de estas fuentes, PP y Cs buscan exactamente eso: que la comisión se convierta en un "pim pam pum" contra cargos relevantes del Gobierno, o que fueron relevantes. Incluso contra altos funcionarios que, por su puesto, tuvieron que gestionar la pandemia directamente. "El PP pretende que la comisión sirva para ir contra Illa y contra Simón, y ése no puede ser el objetivo", apunta una fuente socialista.

El pasado 25 de octubre, PSOE y Unidas Podemos cerraron una lista provisional. Será la que salga adelante, auguran fuentes del grupo que dirige Héctor Gómez. Del Ministerio de Sanidad llamarán a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y al secretario general de salud digital, Juan Fernando Muñoz; también pedirán las asistencia de la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y de un alto cargo del organismo; el director del Instituto de Salud Carlos III será otro compareciente, así como un representante del Comité Científico covid-19.

Representantes de asociaciones y de sociedades científicas, directores generales encargados de la vacunación en diversas comunidades autónomas y directivos/as de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson completarán el listado de comparecientes. La idea es acabar los trabajos en marzo y elevar al pleno un dictamen con conclusiones.

Se trata de investigar y analizar la compra, llegada y distribución de las vacunas conforme a la siguiente estructura. Tres bloques: 1. Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas covid-19. 2. Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España y sus posteriores actualizaciones. 3. Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España y sus resultados. Es probable que haya algún cambio, pero ésta será la pauta.