El PSOE amenaza con fiscalizar los contratos de Ayuso por la falta de transparencia

Todos los partidos de la oposición se han conjurado para fiscalizar este jueves las contrataciones que realizó durante la pandemia el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, el foco está puestos sobre los 4.526 contratos tramitados por el procedimiento de emergencia a lo largo de 2020 y cuya cuantía asciende a 983 millones de euros, según datos de la propia Comunidad.

Quien propuso la celebración de un pleno monográfico sobre este asunto hace un mes fue el partido de Rocío Monasterio, que ayer aseguró que no duda de la integridad de los mismos pero considera que los ciudadanos deben conocer a qué se dedicó el dinero de las arcas públicas y por eso es necesario elevar el debate político al pleno. En la oposición, en cambio, están muy lejos de ver las cosas claras y por eso todos se sumaron a la celebración de este pleno monográfico con insinuaciones y acusaciones de contrataciones a dedo y de mezclar en las contrataciones asuntos que no estaban justificados por la Covid-19.

Petición de comisión de investigación

En el PSOE incluso llegan a amenazar con llevar muchas de estas contrataciones a la Fiscalía. En la formación socialista se remiten a la falta de transparencia de muchos expedientes y adjudicaciones realizadas por la Comunidad en este periodo para pensar que hay contrataciones que pueden incurrir en alguna irregularidad. Primero solicitarán la creación de una comisión de investigación exclusiva sobre estos asuntos para obtener la información que exigen y en función de las conclusiones o si no prospera su propuesta, aseguran que están dispuestos a poner una denunciarlo.

Fuentes del partido que ahora lidera Juan Lobato tienen identificadas hasta 2.600 resoluciones de adjudicaciones que no están respaldados por un contrato o una liquidación de contrato. También existen, según las mismas fuentes, hasta 730 liquidaciones de contratos, valorados en 75,5 millones de euros, cuyo expediente el Gobierno no quiere facilitar. Esto se traduce, según indican en el grupo parlamentario socialista, en la imposibilidad de analizar si esas liquidaciones se sustentan de verdad en lo que indican los contratos o si se ha pagado de más o de menos por un servicio, producto u obra cuyo alcance original se desconoce.

Los socialistas se amparan en lo que dice el artículo 120 de la Ley de contratos para criticar la falta de información, pues aducen que los contratos correspondientes a estas liquidaciones no están publicados en la plataforma de contratos del sector público. Según este artículo, la administración puede en casos excepcionales, como la pandemia, tramitar los expedientes y ejecutarlos sin publicación previa, sin embargo, establece que pasado un mes esta información debe hacerse pública. Y esto último, dicen, sigue sin hacerse más de un año después.

Sin inmutarse

En la Comunidad no se inmutan ante las acusaciones que durante este tiempo han recibido por parte de la oposición y tampoco ante los datos que ofrece el informe preliminar de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid conocido ayer, que indica que algunos de los expedientes analizados "carecen de la documentación mínima necesaria que todo expediente de tramitación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia" y solicita a la Comunidad que extremen "el celo" en el cumplimiento de los trámites administrativos.

En la consejería dirigida por Javier Fernández Lasquetty aseguran que tienen respuesta para todo y lo explicarán en el Pleno, y el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, se mostró ayer muy tranquilo al indicar que en la fase de alegaciones cree que podrán aclarar las dudas que se han vertido tras el informe provisional de la Cámara de Cuentas y que, insistió, afectan solo al 1,5% del total de las contrataciones.

En cualquier caso, los datos que maneja el PSOE sobre la liquidación de más de 700 contratos que aseguran que no están respaldados por ningún contrato público y que, insisten, les inducen a pensar en irregularidades, es muy similar a la cifra facilitada en el Informe de supervisión de los contratos de emergencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación dependiente del Ministerio de Hacienda. En el documento, publicado en marzo de 2021, se indica que los contratos publicados en la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid no se corresponde con los volcados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde por ley también deberían encontrarse.

Irregularidades administrativas

Por otro lado, los partidos de la oposición insistieron ayer en que más allá de las adjudicaciones a dedo sin justificar el Ejecutivo autonómico ha utilizado este mecanismo de emergencia para tramitar la contratación de obras y servicios que nada tenían que ver con las urgencias surgidas por la pandemia. Podemos incluso llegó a apuntar hace un mes, cuando se conoció la celebración de este pleno, que uno de los contratos sin publicidad realizados durante la crisis de la Covid-19 tuvo como destinatario al hermano de Ayuso. La presidenta, en cualquier caso, se encargó ayer en El Hormiguero de indicar que todas las denuncias que ha recibido han terminado archivadas.