La televisión pública de Baleares (iB3) con Jaume Matas como presidente del Gobierno de esta Comunidad Autónoma comunicó la adjudicación del contrato de asesoría al despacho del designado por el PP como magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo dos días antes de la fecha incluida en concurso de los servicios de asesoría legal, según consta en la declaración como testigo en el caso Palma Arena de la que fuera directora general del Ente Público Radio Televisión de Illes Balears, María del Carmen Umbert Catalapiedra, celebrada el 19 de febrero de 2010, a cuya transcripción ha tenido acceso 'El Periódico de España'.

En concreto, fue el Ministerio Fiscal quién interpeló a Umbert cómo era posible que se produjera la notificación de la adjudicación antes de la fecha incluida en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, esta directiva defendió que podía tratarse de "un error del funcionario" que tramitó la documentación, al mismo tiempo que negó que primero se adjudicara el contrato y después pretendiera "vestir la adjudicación a través de un expediente simulador", tal y como le había preguntado el fiscal del caso.

La testigo, quien reconoció que no podía gastar más de 30.000 euros al año en asesorías legales, explicó que había sido "en el ámbito de Canarias y Valencia" dónde le hablaron "bien" de la empresa Estudios Jurídicos y Procesales, el despacho que Arnaldo, que fue una de las tres empresas invitadas al concurso para asesorar jurídicamente a la televisión pública balear.

Un contrato verbal

Al ser preguntada por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, si era cierto que había contratado verbalmente al despacho de Arnaldo para después pedirle que le buscara otras dos empresas "para cumplir con la terna de empresas que debía figurar en el expediente", María del Carmen Umbert Catalapiedra lo negó.

Sin embargo, de los interrogatorios incluidos en el sumario se desprende que las dos empresas invitadas para competir en el concurso para asesora jurídicamente a la televisión autonómica con la del jurista designado por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional no estaban preparadas para cumplir este cometido. Además, una de ellas, Estudio Jurídico Legal y Fiscal estaba vinculada con una de las trabajadoras de la firma de Arnaldo. Sin embargo, los representantes de las empresas competidoras no recordaron en su testimonio ante el juez haber recibido ninguna propuesta para presentarse al concurso, según consta en sus declaraciones.

Por eso, la única empresa que acabó presentándose al concurso para asesorar a la televisión autonómica fue el despacho de Enrique Arnaldo, que siendo letrado del Congreso, puesto de trabajo en el que fue durante una década adscrito a la Junta Electoral Central, promovió ante este último organismo un recurso que presentó en 2006 el canal balear en contra de una campaña del Ministerio del Interior para promover la participación en el referéndum del Estatut catalán.

Cinco años de ingresos

Según la Policía Judicial, la contratación de Estudios Jurídicos y Procesales se extendió entre los años 2004 y 2008. En el primer ejercicio el bufete de Arnaldo ingresó 17.400 euros en concepto de "honorarios profesionales". En 2005 la cantidad se elevó hasta los 28.174 euros, siendo en 2006 de 29.216 euros por honorarios profesionales y 1.740 euros por redactar un dictamen sobre las tarifas de la SGAE.

En 2007, el último de Jaume Matas en la presidencia de la Comunidad balear el despacho del jurista designado por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional cobró 30.005 euros por sus servicios profesionales; 1.740 euros por un dictamen sobre la incidencia del cambio de la Ley de RTVE sobre los canales autonómicos; y 2.088 euros por un segundo informe técnico jurídico sobre propaganda electoral.

En 2008, tras el cambio de Gobierno y la presidencia del socialista Francesc Antich, Enrique Arnaldo dejó de trabajar para iB3, aunque también se embolsó por sus trabajos jurídicos 7.186 euros. En total ingresó 117.519 euros.