Los líderes sindicales de las prisiones se encierran en la sede de Instituciones Penitenciarias

El conflicto colectivo desencadenado en las prisiones bajo mando del Ministerio del Interior (todas menos las catalanas y las vascas) se ha encrespado más este martes. Los líderes de los sindicatos Acaip-UGT y CSIF Prisiones, José Ramón López y Javier Vilas, se han encerrado en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la madrileña calle de Alcalá. Los dos dirigentes sindicales han aprovechado la celebración de una mesa delegada de Prisiones para quedarse en las instalaciones de la entidad que gobierna a más de 22.000 funcionarios y personal laboral adscrito a las cárceles.

El motivo del encierro es "mostrar el hartazgo ante la situación generada por esta administración, que se ha mostrado totalmente incompetente e inoperante para solucionar los problemas de la institución y mejorar las condiciones laborales de sus empleados públicos", han difundido ambos sindicatos, los mayoritarios del sector, en una nota hecha pública al poco del comienzo del encierro.

Con la medida pretenden también llamar la atención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, como recuerda el comunicado, llegó al departamento con una situación parecida: los representantes de los trabajadores penitenciarios estaban también encerrados en 2018, en otra pugna laboral con el departamento. "Las relaciones entre trabajadores y administración se ha deteriorado de tal manera que hemos tenido que volver al punto de partida", explica el comunicado.

Desde el pasado 20 de septiembre, los dos sindicatos mantienen con Instituciones Penitenciarias un conflicto colectivo en el que reclaman, entre otras medidas, una equiparación salarial interna entre funcionarios que hagan el mismo trabajo en distintos centros penitenciarios, una reclasificación del medio centenar de cárceles del Estado, una formación universal para los miembros del colectivo y la declaración de agentes de autoridad (ya propuesta por el PSOE y Unidas Podemos en una enmienda a la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana, pero considerada insuficiente por las dos centrales.