Los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas tomarán posesión este jueves y los que se van han decidido despedirse de la función a la que se han dedicado los últimos años trabajando hasta el último momento. Margarita Mariscal de Gante es una de las que se van y sus últimas resoluciones han supuesto el pase a la fase de enjuiciamiento de las diligencias seguidas por la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017, por las que se fijado una liquidación provisional de 5,4 millones de euros para los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 31 exaltos cargos de la Generalitat.

Los abogados defensores han empezado a recibir distintas notificaciones, entre ellas, la providencia en la que se pasa la fase en la que se enjuiciarán las "presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en relación a diversas salidas de fondos destinados a afrontar los gastos para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo en la Generalitat el 1 de octubre de 2017 y al destino dado a algunos de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Cataluña correspondientes a los ejercicios 2011-2017”. Para ello se les emplaza a través de la publicación de los correspondientes edictos para personarse debidamente en el un plazo de nueve días.

Sin aclarar

También se han dictado varios autos en los que se rechaza la petición de aclaraciones que realizaron varios de los encausados, como Artur Mas, Francesc Homs o Carles Puigdemont, en relación con la liquidación impuesta, cifra que puede ser confirmada o modificada en su totalidad en el enjuiciamiento. En caso de absolución es devuelta y de condena se remite a la entidad presuntamente perjudicada por sus actuaciones que habrían incurrido en responsabilidad contable, que en este caso sería la Generalitat.

Todavía están pendientes de resolver los recursos interpuestos contra la decisión de la delegada instructora, Esperanza García, de rechazar los avales del Institut Català de Finances (ICF) con los que la Generalitat trató de evitarles el pago a los encausados.