La Audiencia Nacional cree que no es competente para juzgar la pieza 1 del caso Villajero en la que solo figuran como acusados el excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca y un empresario en relación a una trama por la que facilitaban la entrada irregular de ciudadanos ecuatoguineanos.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de lo Penal, que juzga estos días al excomisario José Villarejo en un macrojuicio que engloba tres piezas del llamado caso Tándem, se dirige a las partes (Fiscalía, acusación y defensas) para que en el plazo de 5 días informen de si es competente la Audiencia Nacional en este caso o si debe enviarse a los juzgados ordinarios.

La competencia de la Audiencia Nacional es un asunto que está también ahora en discusión ante esta misma Sala en el primer juicio a Villarejo por el caso Tándem, que se encuentra en la fase de alegaciones de las defensas y que se retoma este viernes con la continuación de la exposición de cuestiones previas por parte del abogado del excomisario.

La defensa de Villarejo ha puesto en cuestión que se le vaya a juzgar ahora por delitos que serían competencia de juzgados ordinarios cuando aún no se le ha juzgado por el delito de organización criminal por el que se le acusa en otra pieza del caso y que sí sería competencia de la Audiencia Nacional.

Pese a que Salamanca fue detenido junto a Villarejo en noviembre de 2017, la Sala ha observado que los dos acusados en esta pieza 1 "ninguna relación tienen con los principales implicados en el resto de las piezas separadas" en las que se compone esta causa y que son ya una treintena.

De ello "se deduce", añaden los magistrados, que en principio esta pieza 1 "ninguna vinculación pudiera tener con las piezas separadas generadas en la misma causa" con lo que no le serían aplicables los criterios del artículo 65 de la LOPJ, que establece la competencia de la Audiencia Nacional.

El excomisario Salamanca está acusado en esta pieza de recibir, presuntamente, dinero y dádivas de un empresario a cambio de permitir la entrada irregular de ciudadanos ecuatoguineanos "abusando de su puesto", hechos por los que la Fiscalía le pide 10 años de cárcel .

Le acusa de un delito continuado de cohecho pasivo, de un delito agravado contra los derechos de los ciudadanos y de un delito agravado de prevaricación administrativa, y le reclama una fianza de 930.000 euros en concepto de responsabilidad civil y la inhabilitación absoluta durante 12 años.

Salamanca -que resultó absuelto en la Operación Emperador en la que se investigaba una red de blanqueo presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping- se encuentra actualmente suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar.

Para el otro acusado, Francisco Menéndez Rubio, solicita solo 6 meses de prisión atendiendo a su colaboración en la investigación, ya que en abril de 2017 presentó en Anticorrupción una denuncia y un documento denominado "Proyecto King", en el que se basa la pieza principal de Tándem y en la que se le acusa de organización criminal.