El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado, tal y como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la Operación Pokémon, relacionada con el grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entiende que carecen de conexión entre ellas.

El instructor indica en el auto que, tal y como señaló el alto órgano judicial provincial, “no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes”.

La Audiencia también advirtió en el auto que ahora ejecuta el instructor de “la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas, que supondrían la inoperancia del juicio”.

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en un auto contra el que cabe presentar recurso, ha decretado que se deduzcan testimonios de la causa en cuanto a cada uno de los 33 hechos presuntamente delictivos para su remisión al Juzgado Decano de Lugo a fin de su reparto entre los juzgados de instrucción.

En la causa, según consta en la resolución notificada este miércoles, se investigaron “unos hechos de los que, 'a priori', resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia”.

Los investigados habrían llevado a cabo, entre otras, “conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos”.

En ocasiones, además, “se habría llevado a cabo un presunto blanqueo de los beneficios obtenidos de tales actividades presuntamente delictivas”.