El Gobierno no está dispuesto a voltear la reforma laboral, a deshacer lo tejido con los agentes sociales, por mucho que protesten los socios de legislatura. El presidente se aferra a un acuerdo trabado con empresarios y sindicatos, que confiere "estabilidad" y "confianza" al país, y entiende que es de "sentido común" que el Congreso lo valide tal cual, que "respete" el consenso alcanzado con ellos.

Pedro Sánchez reiteró una y otra vez esa expresión, el "sentido común", en su comparecencia de balance de fin de año. Era la idea que quería dejar meridianamente clara a sus aliados parlamentarios, la idea que estuvo presente en todas las respuestas que giraron en torno a la reforma del mercado de trabajo que ayer martes aprobó el Consejo de Ministros y que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Tampoco fue pródigo en mensajes en otras materias. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya la ve "altamente improbable" por la actitud de "bloqueo" del PP. Todo ello en una comparecencia que se extendió una hora —atendió solo seis turnos de preguntas— y en la que sacó pecho de la acción del Ejecutivo: se han cumplido, según el informe elaborado por la Moncloa, el 50,2% de los 239 compromisos contraídos en el discurso de investidura y el 44,4% de las 428 medidas recogidas en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos.

El PNV quiere que la reforma laboral recoja la prelación de los convenios autonómicos, mientras que ERC y Bildu consideran que el texto se ha escorado hacia la patronal y no defiende lo suficiente a los trabajadores. En un mes, el decreto ley será sometido a votación en el Congreso para su refrendo o su rechazo. Sánchez, sin mentar a sus socios parlamentarios, respondió en todo momento que es "de sentido común" que, "respetando el ámbito de competencias" de la Cámara baja, el poder legislativo "valide un acuerdo que no se producía desde hace más de diez años". "Es más razonable aprobar una reforma laboral que cuenta con el apoyo de los agentes sociales a una que no cuente con él", argumentó, citando el artículo 7 de la Constitución que reconoce el papel de patronal y centrales sindicales en la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. No es suficiente argumento para ERC: desde la cúpula en Madrid señalan a este diario que no han tenido contacto con el Ejecutivo y que de momento están conversando con otros grupos y con los sindicatos.

Cuando los periodistas le preguntaron si no se tocará "una coma", como reclaman los empresarios, o si se tramitará el decreto como proyecto de ley, como desean los grupos (ello permitiría introducir enmiendas en el articulado), Sánchez insistió en que "es de sentido común" que el Congreso "respete el acuerdo de los agentes sociales". "En eso está el Gobierno y eso vamos a pedir a las Cortes Generales", rubricó. Es decir, no descartó de plano que pueda haber cambios —la negociación con los grupos no ha arrancado y sería temerario para él hacer una afirmación taxativa—, pero sí dejó claro que no está dispuesto a que se desdibuje el grueso del acuerdo.

"Empatía" de los agentes sociales

El Ejecutivo, en fin, tiene escasísimo margen de maniobra. El presidente no lanzó mensajes concretos a derecha o izquierda (Ciudadanos sí se muestra menos reticente, pero sus votos por sí solos no son suficientes), porque interpreta que es el conjunto de la Cámara el que debe dar su plácet a las reformas "inclusivas y con vocación de perdurar" que su Gobierno está tejiendo de la mano de los agentes sociales. Porque la reforma es "equilibrada", "trasciende las ideologías" y debería "representar a todas las formaciones políticas". En ese punto, se mostró "convencido" de que la iniciativa será "compartida por la mayoría de grupos". "Cuestión distinta es lo que están en el no por el no", despachó, aludiendo implícitamente al PP, que ha anticipado su rotundo rechazo porque deshace en parte la legislación de Mariano Rajoy de 2012.

Es más, el jefe del Ejecutivo, como hiciera la víspera en el Congreso, puso el acento en los 13 acuerdos alcanzados con patronos y sindicatos. Estos han dado, dijo, un "formidable ejemplo", tanto de "empatía", porque se han puesto "en los zapatos de su interlocutor", como de "responsabilidad" y compromiso con su país y con aquellos a quienes representan, dando respuesta a sus "demandas e incertidumbre". Sánchez les puso como "ejemplo" para las fuerzas políticas. Su "buen desempeño" debe ser imitado por los partidos: la búsqueda de acuerdos, la expresión de la discrepancia "basada en el respeto al adversario y en la buena educación".

Para Sánchez, el diálogo y el consenso son los que han traído "confianza y estabilidad" a España. Estabilidad, continuó, que demanda y necesita el país después de años "muy convulsos". Ahí fue cuando reivindicó la "estabilidad política" que representa su Ejecutivo, que se sustancia en los Presupuestos que ayer vieron la luz verde definitiva en el Congreso, los segundos de su mandato, y en la vocación de que se vuelva a las legislaturas de cuatro años. "Garantizo su cumplimiento", afirmó, en otra aseveración más de que su intención es llegar hasta 2023 y no adelantar las generales.

La otra materia que centró la comparecencia de fin de año del presidente fue la evolución de la pandemia. Se felicitó del ritmo de vacunación en España y sostuvo que estamos "mejor, más preparados y protegidos" frente a ómicron. El Gobierno apoya, dijo, todas las medidas de contención que aprueben las comunidades autónomas y manifiesta su "respeto" a lo que recomienden los expertos respecto a la reducción de cuarentenas. No se quiso mojar más, aunque sí admitió que le guía, en el combate de este punto de la pandemia, la triangulación de tres elementos: la salud pública, la salud mental y el crecimiento económico.

Lo urgente y lo importante

El covid y economía centran la acción del Ejecutivo. Por eso Sánchez dejó bien claro que no piensa por ahora convocar la mesa de diálogo, como le exige ERC para primeros de año. "Ya diremos cuándo se va a reunir la mesa. Se va a reunir seguro, pero es de sentido común que dejemos unas semanas para trabajar en lo que importa a la ciudadanía, que es la sexta ola y consolidar la recuperación económica en el país", señaló. Pere Aragonès pide "resultados tangibles", aunque el presidente advirtió de que lo que las dos partes consideren como tal no coincidirá. "Nosotros defendemos superar el procés, dejar de tener dos bloques de la sociedad catalana separados, la pandemia", que demuestra que todas las administraciones y los ciudadanos han de actuar "unidos".

El Ejecutivo, abundó, no renuncia al diálogo ni a los avances en aras de "la concordia y la convivencia" para una sociedad "fracturada" durante los últimos años. Pero no es el momento: "Lo lógico es que ahora las prioridades del Govern y del Gobierno sean otras, en lo urgente, no en lo importante".

A Sánchez se le recordó que justo hace un año se comprometió con una "hoja de ruta" de modernización de la Corona. Nada se sabe desde entonces. El Ejecutivo la tiene aparcada. "Cuando tengan noticias, será porque así se produce", señaló, sin dar más pistas. Y a continuación elogió a Felipe VI: "Absoluto reconocimiento a la labor que está haciendo el jefe del Estado y el compromiso personal, de mi partido y de mi Gobierno por las instituciones constitucionales". El líder socialista valoró el "ejercicio de transparencia y ejemplaridad" que ha venido desempeñando el monarca desde 2014. No se pronunció sobre el rey emérito ni cupo la pregunta de si habló de él este martes en su conversación telefónica con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, el país donde se expatrió el padre del jefe del Estado.

El arranque de año va a estar atravesado por las elecciones en Castilla y León, y ello complicará aún más la renovación del CGPJ. Sánchez no la dio por imposible pero sí por "altamente improbable" por la actitud de "bloqueo" del PP. "Hay que cumplir con la Constitución cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la oposición", insistió, aludiendo implícitamente a Pablo Casado.

Sánchez admitió que tres de cada diez contratos de electricidad de tarifa regulada pagarán "algo más" que en 2018, pero los siete restantes compensan el alza del precio de la energía, por lo que da por cumplido el compromiso que contrajo en septiembre. Si no se hubieran adoptado medidas desde el Gobierno, el coste de la factura sería de 696 euros en promedio, y será, según sus cálculos, de 613 euros. Es decir, que el consumidor doméstico medio no ha tenido que pagar 84 euros, ya que ese coste lo ha soportado el Estado, que ha dejado de recaudar en estos meses 4.000 millones de euros.

El presidente envolvió su comparecencia de un aire por momentos triunfalistas. De hecho, el objeto era presentar el informe 'Cumpliendo', con el que el Gobierno rinde cuentas semestralmente de su gestión. De los 1.481 compromisos contraídos, se han cumplido ya el 42,7% (era el 23,7% hace un año), y el 54,4% está proceso. De los 239 compromisos recogidos en su discurso de investidura, ya se han acometido el 50,2%, y se prevé que la cifra aumente hasta el 58,6% en la siguiente revisión del documento, en junio. Y de las 428 medidas reflejadas en el acuerdo de coalición con los morados, el 44,4% está ya desplegado, y será el 51,2% en seis meses, según los números del Ejecutivo. "Pese a todas las complejidades y pese a todas las dificultades propias y lógicas de un Parlamento fragmentado, el Gobierno avanza", presumió. La pandemia, añadió, "no ha sido un freno", ha servido más bien de "acelerador" para el Gabinete.

En la Moncloa se reconocían satisfechos tras la comparecencia de Sánchez. Había hecho valer, argumentaban, el cumplimiento de compromisos y la "cercanía" con los ciudadanos, en la pandemia o en una situación crítica como la emergencia por el volcán de La Palma. Pero no hubo anuncios ni titulares de impacto. El presidente quiere vender datos. Vacunación, recuperación económica, actividad de su Consejo de Ministros. Y "estabilidad", pese a que la oposición vea elecciones más pronto de lo previsto.