La diputada de la CUP Eulàlia Reguant intenta evitar el juicio que está previsto que se celebre en el Supremo por negarse a contestar a Vox en el juicio del procés pidiendo la nulidad del procedimiento seguido en su contra y, en caso de que esa alegación no prospere, su absolución, por haber actuado "en una suerte de objeción de conciencia" ante un "partido machista y xenófobo".
Para argumentar la nulidad de las actuaciones, Reguant afirma que es aforada ante el alto tribunal y el procedimiento seguido contra ella fue instruido en los juzgados de Plaza de Castilla, aunque el Supremo ha validado la apertura de juicio oral y donde se celebrará la vista. También señala que durante el juicio del procés ya fue multada por la Sala que juzgó a los líderes independentistas, lo que está previsto cuando no hay delito.
El escrito de defensa que ha dado a conocer este lunes argumenta que la multa de 2.500 euros que le impuso el tribunal del procés por negarse a contestar a la acusación que ejercía Vox prevé que se sancione a los testigos que intervengan en los pleitos y causas cuando incumplan sus obligaciones "faltaran en las vistas y actos judiciales de palabra, obra o por escrito a la consideración, respeto y obediencia debidos a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y resto sin que constituyan delito".
"Cuando esta misma Sala Segunda de este Tribunal Supremo decide imponer una corrección disciplinaria bajo forma de multa a la acusada, claramente transmite, por descarte, que la acción llevada a cabo por los mismos no puede ser constitutiva de delito. De lo contrario, la multa no se habría podido imponer", explica la defensa de Reguant, que ejerce el abogado Daniel Amelang.
Perjuicio moral
La estrategia de la diputada de la CUP pasa por sostener que "contestar a sus preguntas le provocaría un innegable perjuicio moral" por tratarse de "un partido machista y xenófobo", por lo que no contestar supuso "un ejercicio de libertad de expresión" y "una suerte de objeción de conciencia, un sentimiento de deber moral de rehuir del papel discriminatorio y abusivo seguido por la acusación popular", por lo que acusarla supone una vulneración de la libertad ideológica y de conciencia.
Además, se remonta a lo ocurrido con el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que perdió su escaño en el Congreso tras una condena de mes y medio de inhabilitación, para considerar desproporcionada la petición de seis meses de prisión e inhabilitación que hace la Fiscalía contra ella, porque le impediría representar a los ciudadanos que la votaron para el Parlament, ya que supondría la pérdida de su sillón en la Cámara.
