El Gobierno se ha propuesto llegar a las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero con uno de sus objetivos esenciales cumplidos, al menos en el Congreso. La derogación de la ley mordaza es cuestión de tiempo, de poco tiempo, y con el pie en el acelerador van a trabajar estos días el grupo del PSOE y de Unidas Podemos en la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias han informado a El Periódico de España que el plazo que barajan los partidos de la coalición invita a pensar a que en el primer pleno de febrero la nueva ley de seguridad estaría aprobada.

Este mismo miércoles iba a tener lugar la primera sesión de la ponencia de la Comisión de Interior encargada de analizar el texto que el PNV dejó registrado hace más de un año, en septiembre de 2020, y las enmiendas presentadas por los grupos. Sin embargo, indican fuentes del Congreso, se ha aplazado al día 19 debido a los positivos en covid-19 de algunos ponentes y al obligado aislamiento domiciliario de otros por haber sido contactos estrechos. La situación llevó al presidente de la Comisión, el exministro socialista José Luis Ábalos, a posponer la sesión.

Quedan trastocados los planes iniciales, al menos en cuanto a plazos, pero la idea de los grupos que forman el Gobierno es que no se desmoronen. Así, el próximo 19 de este mes habrá doble sesión de la ponencia, y si todo va bien, una más a la semana siguiente. De acuerdo con las previsiones desveladas por las fuentes, durante la última semana de enero se celebraría la reunión de la Comisión que habrá de aprobar el dictamen, y consecuentemente, transmitirlo al pleno.

Precisamente la Mesa del Congreso avaló este martes el calendario de sesiones plenarias, la primera de las cuales abarcará la semana inicial de febrero. Los tiempos se han estrechado en extremo, pero los cálculos que manejan los partidos del Gobierno, en especial el PSOE, siguen intactos, al menos en lo sustancial. Si se puede llegar con la ley mordaza derogada en el Congreso a las elecciones de Castilla y León, mejor.

Oposición feroz

La derogación de la ley mordaza será uno de los hitos de la legislatura porque así consta en el acuerdo programático que el Partido Socialista y Unidas Podemos suscribieron después de las elecciones. Entonces se conjuraron por escrito para que el reemplazo de la ley de seguridad ciudadana del PP viera la luz "a la mayor brevedad". Es evidente que esa celeridad no se ha cumplido ni de lejos, e incluso el Gobierno ha podido efectuar determinadas prácticas amparado en esa norma, sobre todo durante el estado de alarma bajo el que se cobijó el confinamiento domiciliario de los ciudadanos.

Se produjo un punto de inflexión en octubre de 2021, con motivo del congreso federal del PSOE, pues el secretario general y presidente del Gobierno, en la clausura, prometió dos derogaciones pendientes: la de la reforma laboral y la de la ley mordaza, ambas provenientes de la legislatura de la mayoría absoluta del PP.

Ambos anuncios fueron recibidos con escepticismo incluso entre los aliados parlamentarios. El PNV, por ejemplo, a través de su portavoz, Aitor Esteban, pidió hechos, no palabras. Era uno de los principales interesados en que la ley de seguridad ciudadana se reemplazara, ya que su grupo había defendido una propuesta en octubre de 2020, en el pleno del Congreso. Ese día, una mayoría, PSOE y UP incluidos, apoyaron la tramitación de la proposición de ley, herencia a su vez del 'casi acuerdo' que a principios de 2019 labraron partidos como el socialista, Unidas Podemos, PNV, ERC en la Comisión de Interior de aquel entonces. Fue un 'casi acuerdo' porque la disolución de las Cortes, en marzo, truncó un rumbo claro hacia el consenso, es decir, hacia la derogación.

Pero, tres años después, el paisaje es diferente. El PP, que en aquella Comisión estaba predispuesto al pacto, así como Cs, se muestra ahora muy beligerante. Una novedad respecto a esa época es Vox, claramente contrario a la derogación de la ley mordaza. De no existir a ser tercera fuerza en el Congreso, con la influencia que eso le ha granjeado. Además, entre los sindicatos policiales predomina la animadversión a que haya una nueva ley de seguridad. A finales de noviembre impulsaron una serie de concentraciones y manifestaciones, secundadas por PP, Vox y Cs.

Posiblemente la queja más vehemente sea la que se refiere a la grabación y difusión de imágenes de los agentes. El Tribunal Constitucional dejó clara la inconstitucionalidad de la redacción inicial, en concreto la expresión "uso no autorizado" de dichas imágenes. PSOE y Unidas Podemos, que han presentado enmiendas conjuntas, han ajustado su propuesta al contorno marcado por el alto tribunal.

Es una de las novedades que impulsarán, así como la de delegar en la ley de extranjería las devoluciones en caliente. O la de limitar el tiempo de retención en comisaría. O la de pautar la presunción de veracidad del agente cuando acuda a un juzgado como testigo, pues habrá de ser un testimonio coherente, lógico y razonable. O la de dejar sin sanción la manifestación que se convoque sin previo aviso, salvo que derive en hechos violentos...