“Estamos en un Estado de Derecho y las sentencias se cumplen”, aseguró este lunes en Barcelona la ministra de Justicia, Pilar Llopsobre la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la postura que la Abogacía del Estado, que depende del ministerio, adoptará y si solicitará o no al tribunal la ejecución de la sentencia. La Abogacía del Estado es la única parte que está comparecida en el proceso y puede exigir que se cumpla la resolución. El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado a la Generalitat dos meses para que lo haga,

“No puedo aventurar ningún escenario un asunto que no sabemos lo que va a pasar, ni se la Generalitat ha presentado o no alegaciones”, precisó, para después añadir que el Gobierno español está “comprometido con las lenguas oficiales” y que el idioma “no pueden entenderse como un instrumentos para enfrentar, sino de cultura del país”. Su homóloga de Justícia, Lourdes Ciuró, con la que LLop se ha reunido esta mañana, replico que el modelo de inmersión lingüística en Catalunya es de “éxito” y no de “porcentajes”, a la vez que rechazó de forma tajante la judicialización de esta materia. A pesar de la insistencia de los periodistas, la ministra no ha querido aclarar que pasará en un futuro con el proceso judicial e, incluso, afirmó que es una decisión que tomará la Abogacía del Estado.

Apuesta por el diálogo y la sedición

La ministra recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por “el diálogo” y que Cataluña “es un agente fundamental” en el mismo, recordando que algunos asuntos deben encauzarse a través de la política. La ‘consellera’ le recordó que es necesaria la reforma del Código Penal sobre los delitos de rebelión y sedición para que se “desjudicialice el conflicto de Catalunya”. Llop concretó que se está trabajando en el ministerio a nivel interno.

La ministra y la conseller’ se han reunido en Barcelona para desencallar algunos de los temas pendientes, como la devolución a Cataluña de las tasas judiciales que se cobra n y que no ser revierten, así como el desfase entre la inversión realizada en los juzgados catalanes de 1,2 millones) (hay una diferencia y el dinero que remite wl Ejecutivo español para estas partidas y el traspaso pendiente de competencias, como el de personal judicial. Llop y Ciurò remarcaron que ha sido un primer contacto y que seguirán hablando para intentar llegar a acuerdos.