La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmado este jueves el cese del cupero Pau Juvillà del Parlament. El órgano administrativo ha emitido una resolución en la que ordena a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, que retire de forma inmediata el escaño al secretario tercero de la Mesa y que acate la expedición de la credencial de un nuevo parlamentario, el siguiente en la lista de los cuperos a las elecciones del 14 de febrero.

Juvillà fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por desobediencia al negarse a retirar unos lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida durante el periodo electoral de 2019.

En su resolución, la JEC da la razón a Ciutadans y rechaza la petición de medidas cautelares del 'cupaire', por lo que reclama que se dé cumplimiento de su acuerdo del 20 de enero por el que ya dictaba la retirada del acta. Así, da cinco días hábiles a Borràs para que informe a la JEC de las medidas que ha tomado en cumplimiento de su dictamen y le advierte de "consecuencias legales" si no acata.

El Parlament tiene un as en la manga, pero no podrá frenar la orden porque es firme en vía administrativa decida lo que decida posteriormente el Tribunal Supremo. El martes el pleno avaló con el voto de los independentistas y la abstención del PSC la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante este tribunal en defensa de Juvillà, al igual que lo hizo él, para intentar blindar su escaño hasta que la sentencia del TSJC sea firme. Este escrito se presentará de forma inmediata, según fuentes parlamentarias, pero en el entorno de la presidenta son conscientes de que es muy difícil que lo estime, ya que toman como precedente el caso del 'expresident' Quim Torra y la resolución de este jueves.

En un comunicado, ERC, Junts y la CUP se reafirman en los acuerdos que tomó el Parlament que, en esta ocasión, actuó de forma distinta al episodio Torra. Los cuperos encontraron un resquicio legal en una sentencia del 'expresident' en la que se daba la razón a la JEC por "inacción" de la Cámara, por lo que aprobaron un dictamen que intentaba blindar a Juvillà en la comisión del estatuto del diputado y después en el pleno para evidenciar que querían exprimir todas las vías legales.