La hija de Laura García contó los abusos sexuales de su padre con menos de dos años. El colegio de la menor denunció estos abusos hasta tres veces. Fue diagnosticada con una infección de herpes bucal, tenía lesiones permanentes en la zona genital y bucal, además de un engrosamiento de la pared de la vejiga urinaria. Al mismo tiempo su madre denunciaba la violencia machista que ejerció su pareja contra ella desde 2006.

El 21 de marzo de 2019 un juzgado dictó una orden de alejamiento del supuesto abusador y le dio la custodia a García, en trámites de separación. Pero el 23 de julio de 2021 se dictó la sentencia de divorcio, en la que se otorgó la guardia y custodia de la niña al padre, y régimen de visitas para la madre, con residencia en la ciudad de Alicante

Con estos datos encima de la mesa, cuatro relatores de las Naciones Unidas han emitido un informe por desproteger judicialmente a esta madre y su hija, víctimas de violencia machista y abusos sexuales.

En el escrito se dice lo siguiente: "Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la integridad física y mental de Laura García y su hija, y quisiéramos llamar a la atención del Gobierno de su excelencia sobre los estándares y normas internacionales que protegen los derechos que se estarían vulnerando a las víctimas, tales como son el derecho fundamental a la integridad física y psicológica, el derecho absoluto a no ser torturado, el derecho a la salud, el interés superior de la niña o el derecho de la mujer a una vida libre de violencia".

Alienación parental

Los relatores han pedido explicaciones al Gobierno por la desprotección judicial durante años de esta mujer y su hija , basándose en el supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el cual "a las criaturas víctimas de abusos no se las protege y las mujeres que lo denuncian acaban criminalizadas", cuenta Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alanna, que trasladó el caso a la relatora.

La utilización del SAP fue prohibida en la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia aprobada el pasado 4 de junio de 2021, pero como recuerdan los relatores en su informe "las alegaciones indicarían que, pese a la ley, los razonamientos basados en la lógica subyacente al SAP seguirían en la práctica siendo aplicados en las decisiones judiciales, puniendo a las madres que se perciben como impidiendo el contacto entre los padres y sus hijos e hijas". Así, destaca que a los testimonios de las mujeres se les da un valor inferior, así como menos credibilidad cuando denuncian abusos contra sus hijos e hijas.

El informe denuncia que "los hechos mencionados parecen reflejar tendencias más amplias en el sistema de Justicia español que indicarían, por parte de los operadores de justicia, una interpretación discriminatoria de la legislación nacional, basada en prejuicios y estereotipos de género".

En el mismo sentido se expresa Álvarez, que cuenta que llevan años denunciando casos de este tipo que suceden en la Comunidad Valenciana. "Es la sexta vez que la ONU ha dado un toque a España por el mismo tema desde 2014, a ver cual es la respuesta del Gobierno porque siempre ha sido nefasta", señala. "Uno de los relatores que sale firmando el informe es el de la tortura, así que esto no es un tema baladí, es un tema de vulnerar los derechos humanos", aseguran en Alanna.

Visitas desde el año 2014

Durante la visita al país en 2014 del Grupo de Trabajo Sobre Discriminación de Mujeres y las Niñas, los relatores pudieron comprobar que "a menudo se interpretaba que el interés superior del niño requería una normalización de la relación con el padre, y que con frecuencia se concedían derechos de visita y custodia a los padres pese a la existencia de pruebas de que habían cometido actos de violencia doméstica". Y denuncia "el mal funcionamiento de las leyes que prohíben la utilización del concepto de alienación parental".