El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputada a la 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, el próximo 1 de marzo por los preparativos del referéndum unilateral del 1-0, según una providencia dictada por la jueza instructora.

El alto tribunal asumió hace unos días la investigación que hasta ahora estaba llevando el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por la condición de aforada la miembro del Ejecutivo de Pere Aragonés y unificó el caso de la 'consellera' al sumario que se está instruyendo contra el diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía Josep Maria Jové y el también diputado de republicano y exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó por su participación en la consulta soberanista.

Según la fiscalía, la 'consellera' presuntamente ha incurrido en un delito de desobediencia grave por "desatender" los mandatos del Tribunal Constitucional cuando era directora de servicios de la secretaria general del Departamento de Vicepresidència, aunque la exculpa del delito de presunta malversación. Garriga fue procesada por un juzgados de instrucción antes de ser miembro del Gobierno catalán. Se le atribuyó entonces su participación en la adjudicación de varios contratos menores para acondicionar un centro de atención telefónica que debía funcionar como centro de recogida de datos del 1-O, así como por sus gestiones para obtener un local donde almacenar el material electoral, facilitar el acceso a la web del referéndum y asistir un acto de Vicepresidencia a favor de la consulta.

El supuesto enlace

La acusación pública sostiene, por ejemplo, que la titular del departamento de Cultura "ejerció de enlace" entre Jové y otra de las procesadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y llegó a "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona). Garriga también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible por cualquier persona y asistió a un acto el 21 de abril de 2017, organizado por Vicepresidencia, "con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve". La alto cargo del Govern fue una de las detenidas en la operación del 20-S.