El sindicato CCOO Madrid ha interpuesto una demanda de conciliación ante el juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la presidenta de la ComunidadIsabel Díaz Ayuso, para que se retracte de las declaraciones vertidas contra los profesionales de los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El sindicato alude a las declaraciones vertidas por la mandataria madrileña el pasado diciembre, en el pico de la sexta ola de coronavirus, en las que señalaba que iban a "estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, o de repente no hay médicos". Así lo recoge El Periódico de España.

Según recuerda el sindicato la presidenta madrileña "desacreditó a este colectivo, a través de una emisora de radio con una audiencia de 757.000 oyentes. Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid, y con éstas dañó su reputación y alentó conductas violentas entre usuarios y usuarias".

Unas afirmaciones que sublevaron no sólo a los sindicatos. Las sociedades científicas también pidieron a la presidenta madrileña que se retractara por entender que ponía en duda la profesionalidad y el trabajo que se realiza en Atención Primaria y criticaron "estas vejaciones y menosprecio" que han recibido como profesionales.

"Carentes de toda verdad"

Ahora, CCOO Madrid ha ido un paso más allá. La organización sindical asegura que la presidenta de la Comunidad de "trasladó esas dudas a la opinión pública, en el pico de la sexta ola de la pandemia, y cuando los centros de salud estaban colapsados y desbordados por la crecida exponencial de contagios". Las manifestaciones, prosigue el sindicato, "no sólo provocaron daño moral y mala reputación a los profesionales de la Atención Primaria, sino que además tuvieron graves consecuencias que se materializaron en una concatenación de agresiones por parte de usuarios contra profesionales y medios materiales de los centros de salud, hechos que han sido documentados por CCOO para fundamentar la demanda".

Las afirmaciones de la presidenta son para CCOO "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad", máxime cuando desde el inicio de la pandemia por coronavirus, "su propio gobierno ordenó el cierre de 37 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) lo que dio lugar a dejar desatendida a la población en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados.

Cierre de centros de salud

Además, debido a la falta de personal, la organización sindical indica que se cerraron -de manera puntual- consultorios locales y, en numerosos centros de salud, el SERMAS activó el Plan de Contingencias que permite el funcionamiento del centro sanitario únicamente con un médico y con personal auxiliar administrativo, personal auxiliar de enfermería y enfermeras. En estos centros, sus responsables reorganizaron la atención solo para los pacientes urgentes, dejando de atender la consulta ordinaria.

CCOO prosigue que, en ocasiones, el Gobierno regional decidió dejar los centros de salud sin cobertura médica. La atención quedaba cubierta sólo por personal auxiliar administrativo y enfermeras. Apostillan, además, que, de una plantilla total de 14.788 profesionales de todas las categorías, a fecha 3 de enero de 2022 -la fecha más cercana a cuando las presidenta madrileña realizó las declaraciones-, estaban de baja médica por coronavirus 465 profesionales que no fueron sustituidos, sin contar "con las numerosas bajas laborales por contingencias comunes tales como: ansiedad, depresión, etc., de las que el SERMAS no aporta datos a los sindicatos".

Además, continúa el sindicato, hay trabajadores que, sin estar en situación de incapacidad temporal, "son considerados de alto riesgo o altamente sensible y tienen dispensa para no acudir presencialmente a su puesto de trabajo". Ante todo ello, CCOO pide al juzgado que la dirigente madrileña se retracte de las declaraciones vertidas contra los profesionales y que sea en el mismo programa donde se realizaron. Asimismo, se pide como indemnización la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados. 

Al borde del colapso

Las opiniones vertidas por la presidenta provocaron un profundo enfado entre médicos y enfermeras que, en aquellos días, estaban más saturados que nunca por el constante goteo de contagios de madrileños por covid. Desde algunas sociedades, como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), recordaban en aquellos días una realidad que se extiende al resto de España: la Atención Primaria está al borde del colapso y se quejaban de que "los dirigentes políticos desconocen la labor que realizamos y lo único que consiguen es dar falsas informaciones a la población". 

"Es fundamental que los ciudadanos conozcan la realidad del trabajo inmenso que se hizo y se continúa haciendo en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los enfermos covid en los centros de salud. La mayoría de los casos y contactos de covid se han rastreado, seguido y resuelto desde Atención Primaria, además de atender otras patologías, pero el mensaje erróneo que se transmite a la población con declaraciones de este tipo es que los profesionales desatendemos los centros de salud", criticaban los facultativos.

 

Aclaraban los médicos además que las grandes colas que se forman en las puertas de los centros de los centros de salud se debían "a que se está respetando el aforo máximo permitido, por eso, cuando el aforo está completo, nuestros pacientes esperan en el exterior". La sociedad científica exigía a los representantes políticos "responsabilidad en sus declaraciones" y "que no difundan falsas informaciones"