La Junta de Extremadura recurrirá al Constitucional la sentencia del Supremo que obliga a la demolición del complejo Isla Valdecañas. Entiende que el Alto Tribunal "desconoce el bien que pretende salvaguardar", en este caso la protección ambiental del entorno, al no tener en cuenta que la demolición de lo ya construido supondrá un mayor perjuicio al medio ambiente. La vicepresidenta del Ejecutivo, Pilar Blanco-Morales, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que la Abogacía General está en estos momentos estudiando el fallo, que se conoció el martes en su totalidad, y que ya tras una primera lectura aprecia "fundadísimos motivos" para recurrir.
La estrategia de la Administración, que aún se está perfilando, es presentar un recurso de casación al Tribunal Constitucional apelando al artículo 24 de la Constitución para hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva, que entiende ha sido vulnerada en el fallo del Supremo. "Hay aspectos que la sentencia ignora", ha señalado Blanco-Morales, que insiste en que la intención de la Junta es "defender por encima de todo que es posible conciliar desarrollo económico, lucha contra el reto demográfico y conservación del medio ambiente".
Artículo 24 de la Constitución
La Junta “respetuosamente” discrepa de la solución que ha dado el juez del Supremo porque considera que las sentencias, “además de aplicar la legalidad estricta, tienen que ser efectivas: no pueden ser contraproducentes ni desconocer el bien jurídico que pretenden salvaguardar, en este caso la mejora del medio ambiente”. Y es que según Blanco-Morales, el Alto Tribunal “desprecia la mejora palmaria que se ha producido en la zona, que es gracias a la intervención del hombre”. “La isla de Valdecañas no existía antes, es fruto de la actividad humana, que primero trajo riqueza con el embalse y ahora con el complejo mayores posibilidades de desarrollo”, ha reiterado.
Así, el Ejecutivo planteará al Constitucional “el dilema de la tutela judicial efectiva”, que es el derecho que tiene todo ciudadano a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la justicia. “Esta situación en la que nos encontramos nos obliga a pedir una aclaración en derecho, porque en algún momento alguien, en este caso el Constitucional, tendrá que explicar por qué restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida por motivos ambientales, ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger”, ha defendido la vicepresidenta.
De momento la Junta recurre al Constitucional vía amparo, pero no descarta, "si procediera y dependiendo de las vicisitudes procesales", también recurrir a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la UE. Además, Blanco-Morales ha reiterado que pedirá al Gobierno una modificación de la legislación estatal que pueda ayudar en este punto y que se planteará también a Bruselas la modificación de la red de zonas protegidas de Extremadura.
