¿Pondrá la última sentencia del Tribunal Supremo punto y final a más de una década de litigios judiciales por la urbanización de Valdecañas? Los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura y los abogados de la comunidad de propietarios trabajan ya para evitar la demolición total del resort cacereño, pero lo cierto es que expertos de la Universidad de Extremadura (Uex) consultados por este diario ven poco recorrido a cualquier recurso que se presente contra el fallo del Alto Tribunal que, recuerdan, es la última instancia judicial en España. 

A la espera de un análisis más profundo del fallo del Supremo, la estrategia de la Junta de Extremadura es presentar un recurso amparo al Tribunal Constitucional apelando al artículo 24 de la Carta Magna. Quiere hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva, que entiende ha sido vulnerada porque el tribunal "desconoce el bien que pretende salvaguardar", en este caso la protección del entorno, al no tener en cuenta que la demolición de lo ya construido en la isla supondrá un mayor perjuicio al medio ambiente. 

"Hay aspectos que la sentencia ignora", ha señalado este miércoles en rueda de prensa la vicepresidenta de la Junta, Blanco-Morales, que insiste en que la intención del Ejecutivo extremeño es defender por encima de todo que es posible conciliar desarrollo económico, lucha contra el reto demográfico y conservación del medio ambiente.

"Esta situación en la que nos encontramos nos obliga a pedir una aclaración en derecho, porque en algún momento alguien, en este caso el Constitucional, tendrá que explicar por qué restablecer la legalidad urbanística que se entiende incumplida por motivos ambientales ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger", defendió la vicepresidenta.

Tribunales europeos

El primer paso será recurrir al Constitucional vía amparo, si bien la Junta no descarta, «si procediera y dependiendo de las vicisitudes procesales», también llevar el caso a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). Pero aún así, los expertos son tajantes. 

"Será muy difícil eludir la ejecución de la sentencia", dice Pedro Brufao Curiel, doctor en Derecho Administrativo y profesor de la Uex. A su juicio, "es posible, pero muy difícil», que el Constitucional llegue a admitir a trámite el recurso de amparo que plantea la Junta de Extremadura. Porque será «realmente complicado" demostrar que se han vulnerado derechos fundamentales en un procedimiento que acumula tantos años, sentencias e instancias en las que todas las partes han tenido oportunidad de ser escuchadas. 

"Ir al Constitucional con un recurso de amparo no es presentar un tercer recurso. Los tribunales en España acaban en el Supremo", recuerda Brufao. Otros expertos consultados se mantienen en esta misma línea y apuntan incluso que aunque el recurso al Constitucional sea admitido a trámite, tiene tan poco recorrido que la resolución será breve y la demolición del complejo no se demorará más de "cinco o seis meses". "La sentencia del Supremo es vinculante, no caben ya medidas provisionales para evitar el derribo", indican estas fuentes. 

Permitir Valdecañas sería como "incentivar" el abandono de ciertas zonas naturales para, alegando después que están degradadas, reducir su protección

Recurrir a la Unión Europea sí podría seguir alargando unos años más el procedimiento, pero tampoco Brufao ve factible esta vía porque entiende que el Tribunal de Justicia de la UE acatará el pronunciamiento del Supremo que, insiste, es la máxima instancia judicial en España.

Para que se permitiera una excepción en la directiva de hábitats tendría que ser un proyecto "de excepcional interés público y razón imperiosa de utilidad pública", y ya hay precedentes para pensar que Isla Valdecañas no lo es a los ojos de la UE. Brufao lanza un último mensaje: permitir Valdecañas sería como «incentivar» el abandono de ciertas zonas naturales para, alegando después que están degradadas, reducir su protección.

El Gordo reúne ya 6.000 firmas contra el derribo de la isla

El Ayuntamiento de El Gordo ha reunido en los últimos seis días más de 6.000 firmas para mostrar su rechazo al derribo del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, situado entre las localidades de El Gordo y Berrocalejo. A través de la plataforma Change.org, el consistorio ha realizado una petición dirigida al Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraba la imposibilidad de demoler la urbanización. Dicho auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, 185 viviendas, el campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento, pero el Supremo ordena ahora demolerlo todo para devolver la isla a su estado original. Con esta petición, el ayuntamiento quiere evitar el derribo del complejo ya que «es el sustento de muchas familias de la comarca del Campo Arañuelo y alrededores está en juego». El próximo día 26 se celebrará una jornada por la defensa del proyecto organizada por la asociación Pensando Extremadura y la plataforma de La Siberia, la Serena y las Vegas Altas (Asiseva).