El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación de dos de las principales medidas que configuraron el llamado 'escudo social' impulsado durante los primeros meses de la pandemia: la prohibición del corte de suministros y la suspensión de los desahucios. Fuentes del ala morado del Gobierno señalan que ambas medidas saldrán adelante gracias a la "presión" que han ejercido sobre los socialistas. Por el camino se queda la prórroga de los contratos de alquiler, aprobada también en 2020.
Hasta el 30 de junio de 2020 no se podrá suspender el suministro de energía eléctrica, gas natural y aguas a los consumidores en situación de vulnerabilidad. Así lo aprobará el Consejo de Ministros en la reunión de este martes. Voces del sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo aseguran que llevan semanas negociando con sus socios para que se apruebe esta medida. La última ampliación de esta iniciativa tuvo lugar a finales de octubre y de no prorrogarse decaería el próximo 28 de febrero.
También quedan suspendidos los desahucios hasta el 30 de septiembre para todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. En este caso se podrán acoger familias vulnerables con niños, personas en situación de dependencia y víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes propietarios, aunque no tengan título habilitante para ello. Los morados apuntan que aprobar esta medida también ha implicado una dura negociación con los socialistas. "Ambas medidas son indispensables para garantizar no dejar a nadie atrás en estos momentos en los que el país comienza una etapa de recuperación", recalcan fuentes de Unidas Podemos.
El Gobierno no prorrogará otras dos medidas que se pusieron en marcha en marzo de 2020 para frenar los efectos de la crisis sobre la vivienda. En este sentido, decaerá la prórroga extraordinaria de contratos a la que podían acogerse los inquilinos para mantenerse seis meses más en un piso, en las mismas condiciones, y el arrendador no podía negarse. Y tampoco estará en vigor la moratoria de pagos que se aplicaba a los inmuebles de grandes tenedores y bajo ciertas condiciones.
