La Audiencia Nacional ha rechazado devolver al Partido Popular las fianzas por 1.245.154 euros que la formación conservadora tuvo que consignar en junio de 2016 por el juicio en el que acabó condenado como responsable civil subsidiario del pago por parte de su extesorero Luis Bárcenas de un millón de euros procedentes de la caja 'b' que se destinaron a remodelar la sede nacional de la madrileña Calle de Génova, 13, según consta en una diligencia de 18 de febrero a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.
El pasado martes, el ex secretario general del PP Teodoro García Egea aseguraba en el programa 'El Objetivo de la Sexta', presentado por Ana Pastor, que en los últimos días habían recibido una comunicación judicial referente al caso de la caja 'b' o papeles de Bárcenas, por la que fue condenado a abonar 123.669 euros. Y en esa resolución la Audiencia Nacional establece que "no ha lugar a modificar la fianza que le fue impuesta por estar pendiente la tramitación de los recursos de casación anunciados, a la vista de las alegaciones formuladas por alguna de las partes en la que manifiestan que solicitaran la imposición de la responsabilidad civil inicialmente reclamada".
En concreto, el Partido Popular había presentado el 10 de enero un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclamaba que se le devolvieran los dos avales bancarios que había depositado, por importes de 1.024.987 y 220.167 euros, y su sustitución por otro de 123.669 euros más intereses de demora.
"Carecen de justificación"
El PP justificaba su petición porque considera que estos avales "resultan excesivos para garantizar la responsabilidad civil que pudiera exigirse, por lo que su mantenimiento provoca comisiones y gastos que carecen ya de justificación".
La decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, firmada por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, en calidad de presidente; Fernando Andreu Merelles; y María Fernanda García Pérez, esta última como ponente, es contraria a la reclamación del PP, a la que no se había opuesto la fiscalía anticorrupción que no rechazó las pretensiones del partido, "siempre y cuando no se discuta por alguna de las partes acusadoras".
Precisamente la acusación ejercida por el PSOE había rechazado la petición del PP, pues recordaba que las responsabilidades civiles exigibles al PP solo quedarán fijadas en 123.669 euros si el Tribunal Supremo confirma la sentencia de los papeles de Bárcenas.
"No pueden modificarse las fianzas"
"Estando pendiente de resolverse (incluso de formalizarse) los recursos de casación contra la sentencia, no pueden modificarse las fianzas en su día prestadas pues, igual que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, también es posible que no lo haga, y que estime parcial o íntegramente alguno de los recursos de casación que se interpongan contra la misma, y más en particular los de las acusaciones populares que ya hemos anunciado recursos y que, evidentemente, solicitaremos la imposición al Partido Popular de la responsabilidad civil inicialmente reclamada y que sólo se cubriría manteniendo la fianza en los términos en que se prestó", concluyen los socialistas.
El PP no pudo ser condenado penalmente porque el pago de dinero negro se produjo en 2007 y 2008, años en los que no estaba prevista la responsabilidad penal de los partidos. No fue hasta 2015, a cuenta de una de las modificaciones del Código Penal, cuando las formaciones políticas comenzaron a poder ser declaradas responsables directos, como personas jurídicas, de la comisión de delitos realizados en su nombre y beneficio.
Por ello, si el PP hubiera sido condenado como cooperador necesario de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública, los máximos responsables del Partido Popular tendrían que haber respondido de los hechos, a semejanza de la situación que padecen los gestores de las empresas que, como personas jurídicas, son encontradas culpables de cometer un delito.
Absuelto de un delito
Sin embargo, en la sentencia de la caja 'b' solo se pudo aplicar la legislación vigente en el momento de cometerse los hechos, y se atribuye al PP la responsabilidad civil subsidiaria. El partido fue absuelto como responsable civil subsidiario del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008, una decisión que han recurrido las acusaciones.
La Audiencia Nacional también ha rechazado la petición de Luis Bárcenas de que se declare firme su condena en los papeles de Bárcenas "al encontrarse pendiente la tramitación de los recursos de casación anunciados". Los magistrados recuerdan que pese a que el extesorero del PP ha decidido no recurrir el fallo, que le condenó a dos años de prisión, esta decisión "no impide que pueda afectarle la nueva sentencia en lo que le fuera favorable".
