La Fiscalía General del Estado ha pasado a la acción en plena guerra de ocupación del Ejército de Vladímir Putin de Ucrania y ha recabado en Anticorrupción y en la Audiencia Nacional una lista con más de un centenar de ciudadanos rusos que están implicados en casos de corrupción y de crimen organizado en España, según la información recabada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La fiscal general, Dolores Delgado, pretende de esta forma tener una idea global de las actividades de estos oligarcas, capos de la mafia rusa y sus empleados que han logrado sus fortunas al amparo del Gobierno del Kremlin. Según destacan las mismas fuentes consultadas, una treintena de estos investigados habrían logrado el estatus de cabecillas o "Vor v Zakone" ("ladrones en ley"), el rango más alto dentro del crimen organizado ruso. Este listado se elabora días después de que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos ampliaran el número de oligarcas sancionados en represalia por la invasión de Ucrania.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a al mismo grupo que este periódico, ha comprobado el nombre de algunos de los ciudadanos rusos que han sido imputados en España, país en el que desde 2004 se reforzó, con el fiscal Antonio Salinas al frente de Anticorrupción, la lucha contra el crimen organizado procedente de Rusia y de los antiguos países que formaban la Unión Soviética. Y entre ellos se encuentra Mikhail Fridman, uno de los financieros recientemente sancionados por la UE, y que está siendo investigado en la Audiencia Nacional en el 'caso Zed' por su presunta participación en la despatrimonialización de esta empresa tecnológica.

Congela sus participaciones

Fridman es uno de los dueños de los supermercados Dia a través de la firma LetterOne. Precisamente, este financiero ha aceptado "congelar" sus participaciones en este vehículo inversor, por lo que durante este tiempo no cobrará dividendos, no tendrá voto en calidad de accionista y no podrá vender dichas acciones, según puso de manifiesto el presidente del consejo de esta financiera, Mervyn Davies, en una entrevista concedida al diario británico 'Financial Times'.

También fueron imputados en España los implicados en la denominada operación Troika, que se llevó a cabo en 2008 contra las organizaciones criminales denominadas 'Tambovskaya' y 'Malyshevskaya'. Los cabecillas de este grupo eran Gennadios Petrov y su hijo, Anton, que tenían intereses petrolíferos en Azerbaiyán; y Alexander Malyshev, quien según las pesquisas policiales disponía en su mansión de Frigiliana (Málaga) de casi un millón de euros mensuales que lograba blanquear en España.

Precisamente, las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Operación Troika permitieron detectar la conexión directa que tenía Petrov, considerado un "ladrón de ley" de esta organización criminal rusa, con los círculos de poder de Vladímir Putin. En concreto, con el ex fiscal general del Estado ruso Aleksandr I. Bastrykin, quien después de ser investigado en España fue sancionado por la administración de Barack Obama. Estados Unidos ordenó congelar todos sus bienes y activos por su presunta participación en el asesinato de Sergey Magnitsky, un abogado que investigó la corrupción en Rusia y que falleció en 2009 tras permanecer 358 días en prisión sin juicio.

Ilya Traber

En la lista de imputados rusos se incluye a Ilya Traber, conocido como El Anticuario, considerado uno de los jefes de la Tambovskaya. En 2016 este capo de la mafia rusa llegó a amenazar al fiscal antimafia José Grinda, quien junto a Juan José Rosa ha venido investigando el crimen organizado de Rusia y otros países de la desaparecida Unión Soviética.

En el marco de la operación Avispa, que instruyó en la Audiencia Nacional el juez Fernando Andreu, fue arrestado el capo Zakhar Kalashov, quien acabó condenado en España en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso, país al que acabó siendo extraditado pese a que también le había reclamado Georgia. Y en el sumario de esta causa aparecieron implicados Alexander Malyshev, consejero de Petrov, y Vitaly Izquilov.

En la causa Avispa llegó a ser detenido en 2010 por la policía rusa, en colaboración con el FSB (el servicio secreto heredero del KGB) el jefe de la organización criminal Bratskaya, Vladimir Tyurin. Sin embargo, no fue extraditado a España. La procuraduría general de Ucrania señaló en 2017 a Tyurin por su relación con el asesinato del legislador ruso Denis Voronenkov. El procurador general de Kiev, Yuriy Lutsenko, llegó a asegurar que este presunto mafioso ruso tenía vínculos con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, (FSB), y que había hecho varios tratos con sicarios ucranianos para que cometieran el crimen.

Información facilitada a Rusia

También relacionados con el régimen de Putin fueron investigados en España -ya no están imputados- el general de la Dirección Principal del Ministerio del Interior ruso Nikolai Nikolaevich Aulov, y el ex alto cargo de la Fiscalía Igor Sobolevsky. Según consta en un auto de en 2016 firmado por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata la organización criminal de Petrov llegó a conseguir "una evidente penetración en los estamentos del Estado de su país". España trasladó esa información sobre Aulov y Sobolevsky a la Justicia rusa, por lo que dejaron de estar formalmente investigados en nuestro país.

En Marbella la Policía Nacional detuvo en 2018 al considerado como 'número tres' de la mafia rusa a nivel mundial y a otros dos "Vor v Zakone" ("ladrones en ley") cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un líder de un clan rival y demostrar la fortaleza de su organización en Europa. En 2020 fue arrestado el presunto mafioso ruso Alexey Shorikov en Benidorm (Alicante) en el seno de la Operación Testudo.