Cuando el bloque de la investidura se fragmentó en la votación de la reforma laboral, en el ala morada del Gobierno de coalición se vio en la tramitación de la ley de vivienda el posible pegamento que volviera a reunir a los socios habituales del Ejecutivo. Por el momento, esa imagen está lejos de producirse, hasta el punto de que la norma peligra en su primera votación en el Congreso de este jueves. El PNV, al igual que PP, Cs, PDECat y Junts registraron enmiendas para que este texto sea devuelto al Gobierno. La ley queda, por tanto, en manos de ERC, que está "más cerca de rechazar la iniciativa que de aceptarla a trámite" dada la invasión de competencias autonómicas que implica, explican fuentes del partido. El Gobierno apura las horas para tratar de atraerlos al 'sí'.
El proyecto estrella de Unidas Podemos -negociado con ahínco, primero, por Pablo Iglesias y, después, por Ione Belarra, con el PSOE- podría caer antes de echar a andar. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Cs, PNV, PDECat y Junts se votarán de manera conjunta este jueves y si a este bloque -al que a todas luces se le sumará Vox- se adhiere ERC, la norma será rechazada y reenviada al Gobierno para que la rehaga. Si se salva este primera paso, aún faltaría por votar la enmienda de texto alternativo registrada por los republicanos catalanes. No obstante, resulta previsible que no salga adelante. Solo entonces el proyecto original del Gobierno iniciará su andadura en el Congreso.
Fuentes de ERC en la Cámara baja señalan que la situación actual es "complicada" y que, por el momento, se inclinan por bloquear la ley de vivienda. La razón, esgrimen, es que supone una "invasión" de las competencias autonómicas. En este sentido, consideran que la futura norma podría perjudicar a la ley catalana de vivienda, aprobada por su propio partido y Junts en 2020 y recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno central en junio del pasado año.
'In extremis'
Las mismas voces demandan un compromiso por escrito al PSOE en el que se confirme que durante la tramitación de la ley se solventará el asunto de las competencias. Ante la amenaza de tumbar la ley, lo que sería un duro golpe para el Gobierno y podría abrir roces en el seno de la coalición, el Ministerio de Vivienda, liderado por Raquel Sánchez, y el de Derechos Sociales, con Belarra al frente, proseguían este miércoles una negociación 'in extremis' con los republicanos. El objetivo es alcanzar un "punto de encuentro" antes de que se debate la ley este jueves y que permitiera salvar la votación, recalcan fuentes del PSOE.
La parte negociadora de Vivienda asegura que hay "margen para la negociación" con ERC, aunque reconocen que la votación será realmente ajustada. El Gobierno solo cuenta con el apoyo claro de EH Bildu, Más País y distintos partidos minoritarios. Aun así, fuentes del Ministerio de Sánchez subrayan que hay "disposición" a tramitar enmiendas parciales que permitan introducir las demandas de los republicanos. Eso sí, recuerdan que el texto está "jurídicamente muy atado" y que no se puede "desvirtuar".
Pese a la confianza del Gobierno en la calidad de la norma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su informe -aprobado en medio de una fuerte división- que se vulneraba el reparto constitucional de competencias en vivienda. En concreto, incidía en que la "expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí".
El día siguiente
Más allá de las diferencias con los socios, que no se prevé que se solventen hasta el último minuto, la norma también provoca fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos. A la espera de que se apruebe, los dos socios del Gobierno empezarán después un dura negociación de enmiendas parciales en la que los morados tratarán de recuperar algunas de sus exigencias iniciales y los socialistas no modificar sustancialmente el texto que tardaron en pactar más de un año.
