El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido mantener imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los presuntos encargos ilícitos al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, al tiempo que ha decretado el archivo de la causa para tres ex directivos de la empresa eléctrica --Rafael Orbegozo, Fernando Becker y Francisco Martínez Córcoles-- al considerar que no hay indicios de su participación en los hechos.
Así se desprende de un auto de este mismo viernes, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 contesta a los escritos enviados por estos cuatro investigados donde solicitaban que se archivara la causa para ellos, después de que comparecieran en sede judicial durante la ronda de declaraciones que arrancó en enero y concluyó la semana pasada.
Respecto a Sánchez Galán, el instructor ha desestimado su petición de sobreseimiento porque, aunque afirma no hay ningún documento que acredite que Villarejo fue contratado por orden suya o que evidencie de forma inequívoca que supiera que era comisario en activo, "hay indicios de los que puede desprenderse (...) que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir" del presidente de Iberdrola.
Esas evidencias, añade el juez, apuntan a que Sánchez Galán "fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo CENYT, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos".
Y es que, además, la declaración como investigado de Sánchez Galán el pasado 18 de enero ante el juez de la Audiencia Nacional "no ha permitido" desvirtuar esos indicios, "por lo que debe mantenerse la imputación, sin que proceda en este momento el sobreseimiento provisional de las actuaciones".
Descarta la prescripción
El magistrado apunta que en su escrito la defensa de Sánchez Galán "vuelve a incidir" sobre la prescripción "pese a los diferentes pronunciamientos que se han realizado señalando que no concurre dicha institución". "Llama la atención que la defensa del investigado José Ignacio Sánchez Galán señale que este alegato 'no ha sido objeto, a día de hoy, de respuesta expresa y efectiva por el Juzgado'", critica.
Así, y para recordar que sí que se ha prestado atención y ha habido respuesta sobre éste asunto, el magistrado recuerda que se han dictado dos resoluciones en las que se hace mención expresa a la falta de aplicación de la prescripción, un argumento que también ha sido desestimado por la Sala de lo Penal.
En lo referido a la falta de concreción de los hechos imputados al presidente de Iberdrola, García Castellón se remite a su auto de junio del pasado año. Ese documento de 25 folios de extensión, señala, "desgrana de forma minuciosa y suficiente los hechos que motivaron" su llamamiento como investigado.
Los proyectos de villarejo
La imputación de Sánchez Galán, como recuerda el juez, está vinculada con varios proyectos encargados presuntamente a Villarejo. Arrow, ejecutado entre 2004 y 2006, habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.
Ya en 2009, a Cenyt se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez. Y, por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind'.
El archivo de los exdirectivos
Por otro lado, el juez sí ha accedido a lo solicitado por los otros tres, acordando el archivo para el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, el ex consejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Respecto de Martínez Córcoles, el juez asegura que no se puede "sustentar que la iniciativa para la contratación" de Villarejo "partiera del investigado, puesto que no se ha acreditado ningún tipo de dependencia orgánica o funcional entre" él mismo y el que fuera director de Seguridad, Antonio Asenjo.
Según el organigrama remitido por Iberdrola, Martínez Córcoles, en su condición de director del área de Generación, "no era superior jerárquico de Asenjo ni tenía entre sus competencias la posibilidad de dirigir órdenes ni la capacidad de impedir o evitar los negocios que aquel aparentemente pudo mantener con Cenyt".
"No existía un deber de supervisión, vigilancia o control por parte del Director de Generación de la compañía respecto de la actuación del responsable de Seguridad de la misma empresa", concluye el magistrado.
Visar las facturas "no es suficiente"
En cuanto a Orbegozo, el juez constata que el "hecho del mero visado de las facturas, per se, no es suficiente para" atribuirle "responsabilidad penal por estos hechos, por cuanto no consta que se produjese ningún tipo de comunicación" del que se derive que participó "de algún modo en las contrataciones" del comisario consciente de su condición de policía en activo.
No obstante, y a pesar de que "se rechace la relevancia penal de su conducta", el juez no deja "pasar por alto que el citado visado" de dos facturas en el año 2009 "no cumplió con su finalidad". "En nuestro supuesto nos hallamos con que eran conceptos falsos, por servicios que no se prestaron, y que tal contingencia habría de ser advertida si el control desempeñado fuese diligente, eficaz, completo y efectivo", explica.
Con todo, el juez reconoce que "el visado se convirtió en un trámite más, en el que no se efectuaba un examen de fondo, sino que solo se atendía a aspectos formales, con lo que se vaciaba de contenido su esencia y finalidad".
"Aspectos formales"
En el caso de Becker, y también relacionado con el visado de facturas, el magistrado apunta que el exdirectivo "únicamente debía comprobar que había sido emitida por una persona autorizada, lo que se consignaba en la propia factura, y que había sido supervisada por el controller", una función que desempeñaba José Antonio del Olmo.
"Así las cosas, se toma en consideración que el peticionario visaba una pluralidad de documentos y que únicamente se detenía en los aspectos formales a la hora de llevar a cabo dicho control", explica el magistrado, que repite que "el mero visado" de las facturas no es suficiente para atribuir responsabilidades a Becker.
En definitiva, concluye el juez, "el puesto que ocupaba Becker en Iberdrola no puede transmutarse en una suerte de responsabilidad penal objetiva que permita sostener su continuación en el procedimiento con base en el hecho de ostentar un determinado cargo en la compañía".
