Los argumentos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó el pasado mes de octubre al extesorero del PP Luis Bárcenas y a la propia formación por el pago en 'b' más de 1 millón de euros para reformar su sede nacional se conocerán en los próximos días. El Tribunal Supremo ha emplazado a las partes a formalizar sus recursos de casación en un plazo de veinte días, según fuentes consultadas por El Periódico de España, lo que supone el inicio de los trámites de revisión de este asunto en el alto tribunal.

En su sentencia, la Audiencia Nacional condenó a Bárcenas a dos años de cárcel por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por abonar a la empresa Unifica un total de 1.072.000 euros "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública". Por lo que se refiere al PP, fue penado como responsable civil subsidiario en la misma cuantía, una decisión que los abogados de la formación confían que el Supremo anule.

La importancia de la sentencia radica en que, por segunda vez, la Audiencia Nacional considera acreditada la existencia de una caja b en el Partido Popular y que estuvo gestionada entre 1990 y 2008 por el extesorero Luis Bárcenas, al tiempo que da una credibilidad parcial, pero no íntegra a sus famosos papeles -que revelaban pago de sobresueldos a varios altos cargos- por diversas incoherencias y errores.

Pese a ello, Bárcenas ya anticipó a la Audiencia Nacional que no recurrirá la sentencia para poder pedir después la acumulación de todas las penas que ha recibido. Su defensa enmarca esta petición en los artículos 76 del Código Penal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen los cálculos para fijar el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la condena, que "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas", según informó Europa Press.

Quienes sí anunciaron presentación de recurso fueron las acusaciones particulares, que ejerce en este caso el PSOE -impulsados por diputados socialistas valencianos y madrileños-, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), Izquierda Unida y la Asociación Observatori Derechos Humanos (Desc), que exigen penas más elevadas para el extesorero por este asunto.

También acudirá en casación al Supremo el propio PP, que pedirá que el alto tribunal le evite responder por el delito fiscal relativo al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2007 correspondiente a Unifica, el despacho de arquitectos que desarrolló la reforma del edificio situado en la calle Génova de Madrid, por el que fue condenado Bárcenas en calidad de cooperador necesario. 

Reproche al PP

Los magistrados de la Audiencia Nacional reprocharon en su sentencia al PP que no ejerciera un control adecuado a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo) sobre la gestión de Bárcenas cuando ocurrieron los hechos, sino que las medidas adoptadas por el partido en este sentido -tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos-, fueron 'a posteriori'.

No obstante, esta desaprobación quedó en el ejercicio de 2007 y absolvieron a la formación política del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008, un extremo que será cuestionado por las acusaciones en sus respectivos escritos de casación, según las fuentes consultadas.

En cuanto a los demás acusados, el tribunal condenó a los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García a 2 años y 9 meses de prisión y una multa de 2,6 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, librándoles de los otros delitos imputados. Es previsible que también formalicen su recurso ante el Supremo en los próximos días. La Audiencia Nacional absolvió al resto de los acusados, este caso, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero.

Según la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Bárcenas "gestionó los fondos en metálico aportados al PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas".