Asusta a los dirigentes del PSOE la nueva era en la que se adentra Europa. A los efectos económicos severos habrá que unir un malestar social que no se sabe cómo se desarrollará, eso sin contar la previsible tensión militar y bélica a dos lados de un nuevo telón de acero. Las prioridades han cambiado y cambiarán, corrobora a El Periódico de España la secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Rafaela Crespín.

Pero lo que se va a intentar que no cambie es la agenda legislativa. Un repaso por ella muestra una serie de leyes sociales y económicas a las que el Gobierno no quiere renunciar, por muy adversas que vengan las circunstancias. Pretende aprobarlas pronto, todas ellas antes del verano. Si bien la dirección del PSOE maneja ya las columnas maestras del plan de respuesta conjunta que el presidente, Pedro Sánchez, ha enarbolado ya, precisamente para mitigar en lo posible la repercusión de la guerra de Ucrania, la idea es proteger ese conjunto de leyes para que entren en vigor cuanto antes.

Son las siguientes: la ley de garantía integral de libertad sexual (del "sí es sí"), la ley de igualdad de trato (ley Zerolo), la derogación de la ley mordaza, la ley de telecomunicaciones, la de las startup, la de empresas, la ley audiovisual, la ley concursal y la ley del deporte. Para más adelante, otoño, la ley trans, y sobre todo, la ley de vivienda, que Crespín define de como "la consolidación del quinto pilar del Estado de Bienestar". Va a ser tan compleja la negociación que con ella el PSOE prefiere ser cauto.

El ritmo

De momento, la guerra de Ucrania no ha paralizado nada. La pandemia sí lo hizo. Por ello, ahora que la sociedad afronta la fase de superación, el Gobierno ha diseñado una maquinaria de reformas para modernizar el país. Contará con 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Si el paisaje de la UE y el mapa mundial estuvieran calmados, el optimismo brillaría en los ojos de los mandatarios socialistas. Ocurre que Vladímir Putin lo ha trastocado todo y la confianza en el éxito de la operación no es la misma.

Crespín, 45 años, diputada por Córdoba, llegó a la dirección del grupo socialista en el Congreso en septiembre de 2022 junto a Héctor Gómez, el portavoz. Ambos, además de Isaura Leal, son los encargados de coordinar el ritmo de las leyes del Gobierno y las negociaciones con los grupos. Esta terna es núcleo principal del equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, entre cuyas más importantes responsabilidades aparece la relación con la oposición. El papel de Crespín consiste, básicamente, en localizar los ámbitos en los que las leyes socialistas deberán sortear más obstáculos y subrayar aquellos en los que se avecina una travesía más sencilla. En conversación con este medio, hace hincapié en el trabajo fluido y constante de su área con los portavoces sectoriales.

Aprobados los presupuestos de 2022 en diciembre y aprobada de carambola la reforma laboral, el PSOE se ha propuesto acelerar el ritmo legislativo. La vigilancia de Bruselas no descansa, pues es sabido que la llegada de los fondos y su ejecución dependen en gran medida de las reformas pactadas (los componentes, que así se llaman en el plan de recuperación y resiliencia). Vienen muchas leyes, los grupos más pequeños empiezan a dar síntomas de agotamiento y encima la invasión de Rusia a Ucrania no se sabe qué provocará. De momento, "nada está parado", enfatiza Crespín.

Las leyes económicas

Son prioritarias. "Es un paquete legislativo que hemos denominado 'CRECE'. Son normas destinadas a dar apoyo al tejido empresarial. Tenemos que atajar dos exigencias que nos pone el sector. Por un lado, agilizar el trámite administrativo. Por otro, favorecer la creación de empresas a menor coste, y así, favorecer a los jóvenes", explica.

La ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes y la de creación de empresas se vislumbran como fundamentales en esta ambición. La Comisión de Asuntos Económicos, que acoge ambas normas, es actualmente la que más carga de trabajo soporta; no se auguran meses ligeros. Hablar con los portavoces en este órgano parlamentario es un intercambio de resoplidos. La labor que están jugando los diputados Pedro Casares y Begoña Nasarre está siendo intensa porque no paran de reunirse con sectores afectados y con intereses en juego, en ocasiones intereses millonarios en juego.

Nadia Calviño.

No serán viajes cómodos. La ley audiovisual, por ejemplo, según han recalcado varios diputados a El Periódico de España, no hace más que arrojar dificultades. "Es la ley más compleja que he tenido entre manos", afirma un parlamentario con más de una legislatura a sus espaldas. La de telecomunicaciones requiere varias reuniones aún entre los representantes de los partidos y el equipo de Nadia Calviño.

Durante las últimas semanas ha adquirido envergadura la ley concursal, que tramita la Comisión de Justicia. En resumen, busca dar facilidades a los pequeños empresarios que no pueden sostener su negocio y han de entrar en concurso. Como recuerda Crespín, la última salida es la disolución de la entidad. La norma plantea que numerosos requisitos para proceder a la expiración de la empresa sean suprimidos. Hay muchos sectores enfadados por ello, por ejemplo los de notarios, abogados y procuradores.

Las leyes sociales

Es inminente la llamada "ley del sí es sí", que el Gobierno se propuso poner en marcha a raíz de la violación en Pamplona de "la manada". Tras un periplo plagado de vicisitudes tanto en el Consejo de Ministros como en los órganos consultores, ha hallado en el Congreso una fase más sosegada. Tienen que limarse asperezas aún entre los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pero Crespín cree que si no están subsanadas, están a punto de que lo sean.

Irene Montero.

Puede que vaya antes al pleno la ley de igualdad y no discriminación, también conocida como "ley zerolo". Parte de una propuesta del grupo socialista destinada a la defensa de los derechos LGTBi. Va por buen camino. En ninguna se prevén cambios significativos porque se va a mantener el espíritu con el que las dos salieron del Consejo de Ministros, apunta la diputada cordobesa.

La ley del deporte se acaba de sumar al compendio de normas fundamentales. Llegó hace poco a la Cámara, pero el Gobierno desea que no tarde mucho en tramitarse.

Aunque las últimas negociaciones han deparado retrasos inesperados, la número dos del grupo socialista pronostica que la derogación de la ley mordaza atraviesa su etapa final.

El clima político para negociar

Cuenta Crespín que todas estas leyes pueden ser perfectamente apoyadas por la izquierda y por la derecha. "No planteamos los paquetes legislativo pensando en qué puedan decir los partidos. A este Gobierno no se le puede recriminar que pretende grandes acuerdos", asegura antes de recordar que "la amenaza a la democracia" que supone la invasión de Rusia a Ucrania debería servir de acicate para labrar consensos de calado.

Por este motivo, el PSOE espera que acabe "la política de brocha gorda". Una reflexión que pide Crespín: "Mal haría la derecha si no vota algunas leyes porque creen que son de izquierdas y mal haría la izquierda si no las vota porque las ve de derechas".

Además de la influencia segura del panorama internacional, en el grupo socialista aguardan con interés los posibles cambios que se ciernen sobre el PP a raíz de la marcha de Pablo Casado. La primera "prueba", en palabras de Crespín, la tuvo el futuro líder, Alberto Núñez Feijóo, con el pacto de gobernabilidad en Castilla y León, que consagra la entrada de Vox en la gestión de la autonomía.

Si cambia, será a mejor, indican en la dirección socialista, ya que con los populares, en el Congreso, estaba todo roto. "No han estado a la altura y lo están pagando caro; han perdido identidad", reflexiona Crespín antes de manifestar el deseo de que la nueva dirección, tanto si permanecen los cargos actuales como si son otros, "no sea lo viejo vestido de nuevo". Como remarca, por último: "El PP puede apoyar todas las leyes que tenemos en cartera".

El PSOE, por tanto, no se cierra a recabar sólo el apoyo de sus habituales aliados parlamentarios. Con ERC ha quedado claro que no hay ninguna negociación garantizada. Con el PNV, igual. Y con EH Bildu. Ningún apoyo está asegurado de antemano. De ahí que la dirección socialista no cierre la puerta a ningún grupo, salvo a Vox. En lo que sí confía Crespín es en que cese la sensación de que "la llamada política moderna, de eslogan, sea sectaria".

Ya se verá si un partido sale del pacto por culpa de la entrada de otro, como pasó con la reforma laboral. Pero esa será otra historia.