El paisaje es el siguiente: el Congreso de los Diputados lo componen diez grupos parlamentarios divididos en dos bloques ideológicos izquierda-derecha. El primero lo soportan los grupos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, 154 escaños entre ambos. Cuentan con la ayuda frecuente, pero no constante, de ERC, PNV y EH Bildu, 24 diputados en total. El segundo está estructurado alrededor del PP, Vox y Cs: 149 parlamentarios.
La primera lectura es obvia. Si al Ejecutivo le fallan los tres aliados principales, o uno o dos, la aprobación de los decretos y de los proyectos legislativos corre peligro.
La segunda lectura se hace ahora evidente. El gabinete de Pedro Sánchez, si ésa es la situación, mira a Cs y a una lista numerosa, pero muy limitada, de partidos minoritarios en los que abundan los intereses regionales y locales. Hablamos de Más País, Compromís, BNG, PRC (Cantabria), PDeCAT, Nueva Canarias y Coalición Canaria.
Todo esto que acaban de leer no es una especulación o una teoría. Es un caso real. Es lo que sucedió en las negociaciones políticas previas a la aprobación del decreto de la reforma laboral.
Por este paisaje caminan ahora el presidente del Gobierno y su ministro para todo, un tipo discreto, hermético y eficiente llamado Félix Bolaños, el hombre encargado de engrasar las relaciones con la oposición. Se ha sumado al viaje, como si fuera una película de aventuras, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que no es la líder de Unidas Podemos formalmente, pero actúa como si lo fuera porque entre sus propias filas está considerada como la candidata electoral.
El viaje, ahora, tiene un destino clarísimo: un pacto contra los efectos económicos de la guerra de Ucrania que, de paso, como es lógico, detenga el malestar social. El contexto es tremendo y no para de oscurecerse. La decisión del Gobierno de respaldar el plan de Marruecos sobre la autonomía del Sahara, un giro histórico, ha dejado perpleja a Unidas Podemos y ha enfadado a los aliados parlamentarios. Da la impresión de que Pedro Sánchez se está metiendo en un callejón sin salida.
El nuevo pragmatismo
En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, un diputado del primero de los bloques mencionados recuerda que no hace mucho tiempo la construcción de alianzas no era tan problemática, a pesar de las dificultades. Cuando la portavoz del grupo socialista era Adriana Lastra hubo una apuesta por la sujeción de la mayoría de izquierdas en la Cámara Baja. La política son matemática también, y la diputada asturiana, después de negociar hasta el agotamiento las seis prórrogas del primer estado de alarma, llegó a la conclusión de que la estabilidad legislativa dependía de ERC, PNV y EH Bildu.
Instalar la tesis en la planificación del PSOE no fue fácil. Había (hay) un sector potente dentro de la organización partidario del "resultadismo", es decir, de negociar las leyes con quienes favorecieran su aprobación. Si era el PP, el PP. Si era Cs, Cs. Si era ERC, ERC... La única excepción era Vox. Muy cerca de este coto vedado estaba el partido vasco liderado por Arnaldo Otegi.
Sin embargo, los negociadores socialistas lograron de la formación abertzale una promesa: apoyarían la agenda social siempre que fuera progresista. En los despachos del Congreso, al menos aquí, aparcaron cuestiones innombrables, como la situación de los presos de ETA, y se pusieron a hablar de leyes. El PSOE les hizo el primer examen: los presupuestos de 2021. El día de la votación, los cinco parlamentarios de la formación abertzale pulsaron el botón del "sí".
Pero en el Partido Socialista influyen, y de qué forma, las tensiones territoriales. Mientras la agenda progresista salía adelante en el Congreso, las bases y cuadros intermedios de las federaciones del centro y sur de la Península se revolvían. Les penalizaban los pactos con ERC y con Bildu. El PP y Vox no hacían más que agitar esas alianzas porque comprobaron que les daba rédito electoral.
Otro diputado del bloque de la izquierda encuentra aquí la principal razón por la que el PSOE no apuesta ahora con tanto énfasis por basar su balance legislativo en los grupos con los que cabe una afinidad ideológica. El tiempo hacia las elecciones generales ha entrado en su tramo final. Es largo, este trecho, pero conviene hacerlo con el motor a punto y las ruedas bien hinchadas. Sánchez ha decidido ampliar la mirada y ser pragmático.
Las leyes, ni de izquierdas ni de derechas
Adriana Lastra ya no es la portavoz socialista en el Congreso. Es ahora el canario Héctor Gómez, quien hasta asumir el cargo había gestionado el área internacional del partido y del grupo parlamentario. La dirección socialista se fijó en él para relevar a la asturiana porque necesitaba un perfil locuaz y con capacidad comunicativa. Durante los dos primeros meses, el nuevo portavoz fue de televisión en televisión y de radio en radio con la misión de exponer y "viralizar" el argumentario socialista, sustentado en dos ejes: la defensa de la gestión y el ataque al Partido Popular.
Gómez, poco a poco, ha ido aparcando el objetivo comunicativo para asentarse en la coordinación del grupo. En la interna le ayudan Rafaela Crespín e Isaura Leal. En la externa, como lugarteniente de Bolaños, está ganando peso en el ensamblaje de las relaciones parlamentarias. Su cometido principal es mantener todas las pistas abiertas para que el avión despegue por donde sea necesario. Una semana queda a tomar café con Cuca Gamarra y otra está almorzando largo rato con Íñigo Errejón. Ese papel le permitió jugar un papel discreto, pero clave, en la reforma laboral. Cuando el Gobierno hizo pública la opción de Cs para sacar adelante el decreto, Gómez había dialogado ya con Edmundo Bal.
Es otra manera de hacer las cosas, incluso más positiva para determinadas formaciones. "Bolaños ha hablado conmigo en dos meses más que Carmen Calvo en dos años", asegura una fuente. Sin embargo, el viraje ha desconcertado a los bloques ideológicos del Congreso. Cuando los populares y los liberales de Ciudadanos van a tratar alguna cuestión de alcance nacional, temen que, en la trastienda, el PSOE esté pergeñando acuerdos con ERC y EH Bildu, lo que inmediatamente, dicen en ambos grupos, les expulsaría de cualquier tentativa de consenso. Lo mismo les sucede a las formaciones independentistas. Las llamadas de teléfono y las reuniones en torno a una mesa, cuando son con la dirección socialista, despierta enseguida la siguiente suspicacia: ¿Esto lo han hablado ya con Arrimadas?
No es baladí que en el grupo socialista la consigna ahora sea una expresión perfecta del "cholismo", eso del "partido a partido" que puso de moda el entrenador del Atlético de Madrid. "Las leyes no son de izquierdas o de derechas; son necesarias y útiles y estamos dispuestos a negociarlas con todos", esgrimen en los despachos de la dirección parlamentaria del PSOE. La premisa, que tiene bastante lógica en un Congreso en el que se desdibujan las mayorías con facilidad, ha desconcertado incluso al socio principal.
La indefinición de UP
Una de las fuentes consultadas, también del sector de la izquierda, lamenta que el Gobierno no haya reaccionado. Desde fuera, opina que negociaciones recientes como la de la ley audiovisual o la de la reforma laboral no les haya despertado. Considera que ese mantra tan empleado por los interlocutores socialistas, el de apelar a secundar la agenda del Ejecutivo para estrechar el espacio de la derecha, se ha quedado viejo. El miedo se está perdiendo, y no precisamente en la Cámara Baja, sino en la calle. Es una percepción, pero da la sensación de que entre los ciudadanos funcionan claves emocionales que en Moncloa o no entienden o minusvaloran. "Combatir a la extrema derecha se hace con políticas de izquierdas", sentencia.
Que el PSOE, dicen los diputados de grupos de izquierdas, ha reculado o ha optado por no dar tanta prioridad a las alianzas ideológicas está demostrado. Citan la ralentización de la ponencia para derogar la ley mordaza, que fue rápida en enero y en febrero, pero que se ha detenido en marzo; mencionan las negociaciones para crear un formato con el que investigar los abusos sexuales cometidos por personal de la Iglesia; y nombran, también, la búsqueda de un pacto nacional contra los efectos de la guerra. Acaba de entrar en este cupo de pruebas el punto de inflexión sobre el Sahara.
En el paisaje político actual, un lugar destacado lo ocupa Unidas Podemos. La incidencia de la formación de Díaz en la pintura del cuadro es un misterio, no porque no se sepa qué colores usa, sino porque parece que no está usando ninguno. "Es un papelón" el que tienen ante la deriva pragmática del PSOE, afirma un diputado. Por una parte, critican que como grupo parlamentario esté tan desfigurado. Interlocutores de otras siglas recalcan su ausencia de músculo e iniciativa. Por otra parte, subrayan la descoordinación. "Dan la impresión, a veces, de que tienen tantos jefes o jefas que no saben qué hacer", apunta uno.
Pero eso ha cambiado, indica una fuente de Unidas Podemos a este medio. Yolanda Díaz ha cogido las riendas. A pesar de que las divisiones internas no pasan desapercibidas, la ministra de Trabajo ha decidido unificar los mensajes internos tras unos meses más fuera que dentro del día a día parlamentario. Que eso perdure es el reto, dada la magnitud de los recelos que reinan la formación de puertas adentro.
Hacia el gran acuerdo
Esta semana, el Gobierno se ha reunido con PP, Cs y PNV para tantear la disposición a un gran acuerdo nacional de respuesta a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. De momento, tales efectos se palpan en la subida de los precios, en especial del combustible, y en ciertas protestas en el sector del transporte cuya onda expansiva ha alcanzado a estanterías y secciones de los supermercados. Durante la semana que viene, terminará la ronda con todos los grupos, menos con Vox. A izquierda y a derecha reinan las dudas.
No sólo por el tipo de medidas, sino por las alianzas que el Ejecutivo buscará para tejerlas. En el PSOE afirman que ningún bloque es prioritario. "Es un acuerdo de país; caben todos", apuntan. En la oposición no lo tienen tan claro.
