El movimiento feminista avisa. Mantiene "encendidas todas las alarmas" y ha extremado "la vigilancia" ante cualquier posible retroceso que pueda producirse en las políticas públicas de igualdad en Castilla y León tras el pacto de gobierno del PP con la extrema derecha: 248 organizaciones feministas, colectivos y sindicatos se han comprometido a denunciar a nivel nacional e internacional los pasos atrás que puedan darse en la lucha contra las violencias machistas y los derechos de las mujeres.

"La atribución de responsabilidades de gobierno a una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres obliga a mantener encendidas todas las alarmas y a extremar la vigilancia", afirma el manifiesto firmado por distintas organizaciones.

Entre ellas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Médicos del Mundo, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Médicos del Mundo, Women's Link Worldwide, SEDRA-Federación de Planificación Familiar, Médicos del Mundo y los sindicatos UGT y CCOO.

La debida diligencia

Asociaciones, federaciones, organizaciones y sindicatos inciden en que el Estado está obligado por el Convenio de Estambul a ejercer la diligencia debida contra las violencias machistas: en la prevención, la investigación, el castigo y la reparación del daño de las víctimas.

Vigilarán "cualquier retroceso en las obligaciones de prevención, detección temprana, apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección de mujeres y menores expuestos y reparación del daño ante cualquier manifestación de la violencia de las que son víctimas específicas las mujeres".

Y denunciarán "ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional" cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones, que implique contravenir los derechos fundamentales de las mujeres o la normativa que las ampara, desde el Convenio de Estambul y la Constitución, a la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad y la normativa autonómica específica.

También solicitan la diligencia debida al Gobierno, el Parlamento y el Defensor del Pueblo, a quienes piden que presenten un recurso de inconstitucionalidad ante el TC ante cualquier desviación o contravención en las obligaciones de Castilla y León para con las mujeres.

Critican las organizaciones firmantes que el partido de extrema derecha que va a integrar el gobierno castellanoleonés desprecie la igualdad, rechace las leyes contra la violencia de género y de promoción de la igualdad, defienda la aplicación del síndrome de alienación parental (prohibido por ley en todo el país), niega la violencia machista, dificulte el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva y se arrogue la "facultad exclusiva de adoctrinar ideológicamente" a sus hijos e hijas en la negación de la violencia y la desigualdad.