El proceso judicial sobre la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, se apaga al mismo tiempo que el Gobierno ha puesto fin a la crisis diplomática con Marruecos, con su giro sobre el Sáhara Occidental y el apoyo al plan autonomista del reino alauí. El propio juez de Zaragoza, Rafael Lasala, al mando de la instrucción, sólo unos días antes, había corregido su propia investigación y optado por archivar provisionalmente las acusaciones contra Camilo Villarino, jefe de gabinete de la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya. En contra de las tesis que ha mantenido durante meses, ya no ve delitos de encubrimiento o falsedad documental y tiene muchas dudas que se pueda probar un delito de prevaricación.
Pero no sólo él da marcha atrás, también lo hace unas de las dos acusaciones populares personadas en la causa, concretamente la que tiene vínculos claros con Marruecos. Esta investigación se abrió por una denuncia del abogado malagueño, Antonio Urdiales, que justificó su perjuicio personal en que tenía familia marroquí y le afectaba la ruptura de relaciones entre los dos países que provocó la atención a Gali. A él se sumó después otra acusación, representada por el ex diputado del PP, Juan Vicente Pérez Aras, y Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, un empresario marroquí afincado desde la infancia en España pero que mantiene una fuerte ligazón con el Gobierno del reino alauí.
Andaloussi Ouriaghli aspira a presidir la Cámara de Comercio de Marruecos en España y, según fuentes conocedoras, actúa ya prácticamente como el encargado de comercio de Rabat en nuestro país. Ya habían intentado personarse en un juzgado de Logroño pero esas pesquisas se cerraron muy rápido y se adhirieron a las del juez Lasala en Zaragoza. Fueron también parte en la Audiencia Nacional en un sumario contra el líder del Frente Polisario.
Causa "sin recorrido"
Ahora, a pesar de haber empujado la investigación de Lasala, han decidido no recurrir el archivo de la causa contra Villarino, dejando sin sentido la postura que han defendido durante meses: que la cúpula de Exteriores aceptó la entrada de Gali en España de manera discreta, no para que no se enterara y se enfadara Marruecos, si no para ocultarlo a la investigación judicial abierta en Madrid. Que es lo mismo que sostenía el juez. En el caso de Pérez Aras y Andaloussi Ouriaghli, su decisión se produce tras conocerse el acuerdo entre España y Marruecos que pone fin al conflicto diplomático.
Fuentes de esta acusación aseguran que no han recurrido porque entienden que el proceso "no tiene recorrido". Y que se han quedado satisfechos con la mención que el juez ha hecho del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en referencia a que le citó en su último auto para apuntar que, cómo hubo varios Ministerios implicados, "lo que nos dice la ley es que el presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta". Una alusión sin ninguna relevancia ya que, a renglón seguido Lasala asegura que que la entrada del líder "enfermo" - Gali vino A España porque lo pidió Argelia y fue tratado de Covid en un hospital de Logroño (La Rioja)- es "inobjetable penalmente" ya que "el Gobierno tan sólo responde política y socialmente de sus aciertos o de sus equivocaciones".
Pero las fuentes de esta acusación consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, lo que interpretan es que "desde el punto de vista político es un palo al presidente y la constatación del despropósito y chapuza de una operación con sus graves consecuencias posteriores". Ya no tienen tanto interés en probar que existió supuestos delitos.
Aunque Pérez Aras y Andaloussi Ouriaghli no han presentado recurso de apelación sí lo ha hecho la otra acusación personada -Urdiales- lo que significa que tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial, que también deberá resolver sobre la petición de sobreseimiento para la ex ministra, solicitada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía.
"Proceso deductivo"
Lo cierto es que el propio juez, en el auto de archivo de Villarino, ha dado munición para sustentar esta solicitud. Sobre González Laya reconoce que "por el momento no se ha conseguido indicio alguno" de que la ex ministra o Villarino "participaran en la falsificación de un documento de identificación personal" o "en su presentación" en el hospital de Logroño. Y tampoco, prosigue, "cabe hablar de encubrimiento" de los delitos por los que se investigaba a Gali en dos causas distintas en la Audiencia Nacional, una de ellas ya sobreseída. Sobre el delito de prevaricación, por supuestamente no comunicar a ese tribunal la entrada de Gali, admite que "no es fácilmente apreciable".
De hecho, si lo mantiene contra González Laya es porque, según su "proceso deductivo" el Gobierno debía saber de las dos investigaciones contra él en la Audiencia Nacional -unos días después se le comunicó oficialmente al juzgado tras una llamada del Ministerio del Interior a Exteriores-. "Si nada se sabía de la condición procesal de Gali, ningún reproche legal cabe realizar". Pero le "inquieta" esa conversación entre los dos departamentos.
El misterio del coronel
Estas singulares apreciaciones han llevado a la Abogacía del Estado a poner en su escrito que "si lo único con que se reconoce contar es ese proceso deductivo", y éste decae -en referencia a los argumentos que le esgrimen- "no queda absolutamente nada que permita atisbar el más mínimo indicio de comisión de un delito". "Procedería ya sin mayor dilación al archivo".
Una de las dos últimas diligencias pendientes es que la policía judicial informe si existía un requerimiento de localización y búsqueda del líder polisario, y la identidad de los funcionarios que solicitaron y tuvieron acceso a estos datos, para saber si se lo dijeron a Interior. La otra es a identificar "la persona vestida de paisano" que en la noche del 18 de abril de 2021, cuando Gali llegó, coordinó su traslado. No hay ningún misterio, según ha podido saber este diario, "era el coronel de la base área" que acudió al saber que llegaba un vuelo oficial.
