Más Madrid ha acudido a la Fiscalía Europea para aportar documentación sobre un "nuevo indicio de malversación de fondos públicos" por el presunto sobrecoste en un contrato adjudicado a un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y vinculado con su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que cobró una comisión.
Tras ciertas discrepancias sobre competencias, tanto la Fiscalía General del Estado de España como la Fiscalía Europea están investigando este contrato. En el caso de la de Anticorrupción, centrando sus pesquisas en la adjudicación del contrato y el cobro de comisiones por parte del hermano de Ayuso, mientras que la Fiscalía Europea investiga si ha habido financiación de la compra de mascarillas con fondos europeos.
En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, detalla que este nuevo indicio estaría relacionado con el sobrecoste de las mascarillas adquiridas a través de este contrato, que fueron compradas "por encima del precio de mercado por aquellas fechas".
"Mientras las mascarillas del hermano de Ayuso costaron cinco euros por unidad, con otros contratos de la Comunidad de Madrid de las mismas fechas salieron a dos euros. Las mascarillas del hermano de Ayuso costaron más del doble", ha argumentado García.
Por ello, ha remitido toda la documentación al respecto como complemento al delito de malversación que investiga la Fiscalía Europea.
En el documento remitido a la Fiscalía Europea, Más Madrid selecciona y adjunta una serie de facturas emitidas durante el mes de abril de 2020 para adquirir mascarillas, en las que el precio por unidad oscila entre 1,63 euros y 2,293 euros, frente a los cinco euros que costaron las mascarillas compradas a Priviet Sportive.
Ha subrayado García que este 1 de abril se cumplen dos años desde que el Gobierno de Ayuso firmó el contrato con Priviet Sportive con el que su hermano "se llevó una mordida" de 283.000 euros "en lo peor de la pandemia".
Ha recordado que su grupo ya acudió a la Fiscalía del Estado para aportar "toda la documentación" y gracias a ello "el hermano de Ayuso está citado a declarar", y ha añadido que ahora que la Fiscalía Europea también quiere investigar el caso, su grupo ha decidido aportar este "nuevo indicio" de malversación de fondos públicos.
Consultar la competencia de la Fiscalía Europea
Por su parte, la Comisión Europea ha defendido este viernes que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva las diferencias de criterio entre la Fiscalía europea (EPPO) y la Fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado, sobre quién debe investigar el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un paso que correspondería a la fiscal española pero que ésta ha descartado dar.
"En caso de duda, correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir; y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal", ha explicado a Europa Press el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.
La Fiscalía europea ya mostró su malestar a principio de semana por las trabas que estaba encontrando para investigar el caso, del que se considera competente por estar en juego fondos comunitarios, y ante la falta de entendimiento con la Fiscalía española ha dado el paso de elevar el asunto a la Comisión Europea.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, examina ya una carta firmada por la fiscal jefe europea, Laura Codrua Kövesi, en la que se informa de la situación a Bruselas, según ha confirmado Wigand, quien ha precisado que la queja tendrá respuesta cuando sea analizada.
El Ejecutivo comunitario insiste en que la Fiscalía europea es un órgano "plenamente independiente" y por ello se resiste a tomar posición sobre "casos individuales", de los que los servicios comunitarios se limitan a apuntar que deben ser resueltos "en base a las reglas fijadas por la regulación de la EPPO".
No obstante, el portavoz de Reynders precisa que "en caso de duda, le correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir", tal y como ya sugirió la propia EPPO en una comunicación a Delgado, a quien pidió que remitiera una consulta prejudicial a la Justicia europea para que aclarara el alcance de las competencias de la Fiscalía europea y de la Fiscalía anticorrupción española.
"Debe haber un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen hasta la Corte", ha añadido el portavoz comunitario. Fuentes jurídicas europeas consultadas por Europa Press recalcan que la EPPO no puede dirigirse directamente al Tribunal con sede en Luxemburgo para remitir la cuestión, sino que debería haberlo planteado Delgado.
Fuentes fiscales apuntan, además, que el TJUE debe resolver si una fiscalía puede ser considerada autoridad judicial al resolver una cuestión de competencia de acuerdo con el Reglamento de la Fiscalía europea y el Derecho de la unión.
La respuesta preliminar de Bruselas concluye recordando que la Comisión Europea está "plenamente comprometida" con garantizar que los Estados miembro que participan en la Fiscalía europea "cumplen con sus obligaciones" de acuerdo a las reglas de la propia EPPO y de los Tratados y "supervisa estrechamente" la situación en cada uno de los países miembro.
