¿Por qué desde un primer momento se trata de restar credibilidad a la niña? ¿Cómo iban a ser esclarecidos los hechos si nadie de la conselleria le preguntó a la menor sobre los abusos? ¿Por qué no fue derivada a un recurso especializado? ¿Por qué se repone a su puesto de trabajo al educador acusado? ¿Y por qué ni siquiera se informó a la Fiscalía para su constancia en el expediente de protección a la menor?
Estas preguntas que se hace el juez instructor de la causa contra altos cargos de la conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra tendrán que ser respondidas ahora, si así lo dictamina el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la propia vicepresidenta, a un paso de su imputación formal después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de València remitiera ayer una exposición razonada solicitando la toma de declaración como investigada de Oltra al apreciar "indicios racionales, serios y fundados" de la participación de la misma en los hechos que están siendo investigados por ocultar los abusos por los que fue condenado a cinco años de prisión su exmarido.
Después de tomar declaración a trece investigados, entre ellos la directora general y la subdirectora de Infancia y Adolescencia, la directora territorial de Igualdad y el secretario territorial -entre otros-, el juez instructor entiende que "se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada, ni afectar sus derechos". Así aclara que no se pueden dar más pasos en la investigación sin que la propia consellera figure como investigada para no quebrantar su derecho de defensa.
La pelota está ahora en el tejado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dada la condición de aforada de Oltra, pero el juez instructor da buena cuenta en su exposición razonada de la larga lista de indicios -enumera más de una veintena- que apuntan a la responsabilidad de la vicepresidenta como superior jerárquica de todos los funcionarios públicos que tuvieron relación con los hechos investigados.
El instructor sostiene que "no existió en la conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino de ocultarlos"
El juez remarca que no existió por parte de la conselleria que dirige Oltra "ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". Además, argumenta que se pueden dar errores en la labor profesional pero no de todos los funcionarios y profesionales intervinientes a la vez, cuando ninguno de ellos tenía personalmente nada contra la niña ni a favor del educador acusado. En sus declaraciones muchos de ellos negaron saber que se trataba del marido de la consellera.
En el auto se advierte que tras cerrar en falso la investigación, sin alertar a la Fiscalía de Menores, porque simplemente no le dieron credibilidad a la menor tutelada, sin tan siquiera preguntarle a la víctima en ningún momento sobre los abusos, los hechos jamás hubieran salido a la luz, quedando impune el delito, "de no ser por una serie de hechos absolutamente casuales", como las manifestaciones realizadas a dos policías en junio de 2017 -cuatro meses después de que la menor contara que un educador entraba por las noches en su habitación y le realizaba tocamientos-.
Incluso desde el centro se trató de tapar de nuevo el caso al informar a los agentes que ya había finalizado la investigación y «no se habían apreciado ningún indicio». Menos mal que éstos trasladaron la información a la jefa del GRUME y ésta a su vez a la Fiscalía de Menores, incoándose finalmente diligencias de investigación penal.
"Instrucción parajudicial"
Pese a tener conocimiento de que existían ya unas diligencias penales abiertas, como así acredita un mensaje marcado como "leído" en el correo de la directora territorial del 6 de julio de 2017, la conselleria realizó una"instrucción parajudicial". La propia Oltra admitió el pasado 7 de marzo ante varios medios de comunicación que dicho informe lo encargó ella, según alegó, "para saber qué actuaciones se habían realizado, porque no se había derivado a la presunta víctima al Instituto Espill y porque no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta".
No obstante, el instructor critica esta investigación paralela a la judicial "carente aparentemente de todo sentido" con el empleo de recursos públicos, humanos y materiales. "Llama la atención el sesgo del informe y su dureza respecto a la menor", puntualiza el juez, cuestionando nuevamente el propósito por el que se encargó el expediente que todavía podría dar pie a una repetición del juicio si el Tribunal Supremo estima el recurso.
Así, concluye que esta "información reservada» ordenada por Oltra está orientada a desacreditar a la menor e interferir en el procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".
