En una comparecencia solemne y extraordinaria, Pere Aragonès ha ofrecido este martes una de sus intervenciones más confusas, seguramente hija de la necesidad de mantener los equilibrios dentro del Govern. Apenas tres horas después de que los líderes políticos de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, expusieron con toda crudeza las insalvables diferencias de enfoque sobre cómo actuar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el estallido del espionaje a 65 independentistas, Aragonès trató de dibujar una tercera vía.
El 'president' señaló que hasta que el Gobierno del Estado dé muestras de querer desentrañar quién, cómo y bajo qué autorización se han llevado a cabo estas vigilancias es "muy difícil tener una relaciones normalizadas". Acto seguido, él mismo aseveró que la Generalitat " nunca renunciará al proceso de negociación. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? habrá que esperar, por cuanto, hasta ahora, tampoco es que las relaciones institucionales es que fueran muy fluidas, baste recordar el tortuoso proceso que encierra cada Conferencia de Presidentes en base a la participación o no el 'president'.
En algunos momentos, y dejando el pronunciamiento sobre la adscripción absoluta de la Generalitat con la mesa de negociación, Aragonès ha parecido incluso contradecir al presidente de su partido, Oriol Junqueras, cuando ha señalado que si no hay esa apuesta del Gobierno por dotare de una mínima "credibilidad" no iban a servir "de nada" las eventuales reuniones que se celebren.
Fuentes republicanas quisieron poner en contexto las palabras de uno y otro y recordaron que es común, y hasta lo más habitual, que entes o partes que mantienen relaciones negocien para poner fin a un conflicto. Eso sí, si hasta ahora una de las condiciones para que hubiera una nueva reunión del foro de diálogo es que se hubieran producido avances, ahora se añade la necesidad de que el Ejecutivo de Sánchez ofrezca explicaciones.
Inicio duro
La intervención de Aragonès empezó en alto. "En un estado democrático no se espía a los ciudadanos, ni se escuchan las conversaciones de los rivales políticos. Algo que, al parecer del jefe del Executiu, sitúa a españa al nivel de países con una democracia tan discutida, según los estándares europeos, como "Polonia y Hungría".
"Iremos hasta el fin exigiendo responsabilidades políticas y no descansaremos hasta que todos los responsables den cuenta de sus actos ante el juez", apuntó Aragonès que anunció que el Govern ha puesto a loa Mossos d'Esquadra, un cuerpo policial autonómico, por ende, del Estado, junto a la Agència de Ciberseguretat, a investigar una trama de espionaje que todos los indicios apuntan que está anidada en una u otra estructura del Estado, más o menos ignota para el actual Gobierno.
Aragonès, a título personal, también interpondrá una denuncia por vulneración de su intimidad, una iniciativa que, a buen seguro, seguirán buena parte de los 63 independentistas catalanes, y dos vascos, que fueron ciberasaltados.
