Maniobras desde todos los niveles para que el espionaje al independentismo sea investigado. Si bien algunos de los 67 dirigentes que fueron espiados con dos software israelíes (Pegasus y Candiru) ya avanzaron desde Bruselas que estudian posibles querellas individuales y colectivas, el Parlament quiere abanderar también su propia reacción.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que también fue vigilada, ha propuesto a la Mesa que inste a la fiscalía a investigar si se han cometido delitos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras el plácet del órgano parlamentario, los servicios jurídicos se pondrán manos a la obra para presentar el escrito y tratar así de buscar unas asunción de responsabilidades.

Paralelamente, los grupos parlamentarios están discutiendo una declaración institucional que condena este espionaje y que pide reparaciones.

Peticiones de dimisión

Borràs, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ya ha dicho que iba a impulsar acciones legales conjuntas porque hasta 25 diputados de este y otras legislaturas anteriores han sido vigiladas. Está por ver si los grupos acuerdan también otro texto conjunto que pueda llevarse al pleno y someterse a votación.

"Ninguna de estas acciones puede quedar impune", ha dicho Borràs, que ha avanzado que individualmente también emprenderá "la batalla legal" para que el caso tenga, al menos, "consecuencias reputacionales" para el Estado.

Por otro lado, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, por permitir esta "guerra sucia estructural".