El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha abierto diligencias de investigación por trece contratos que el Gobierno central adjudicó a siete empresas para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, según consta en el decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. La investigación se inicia después de que el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, presentara una denuncia por supuestas irregularidades en los contratos de emergencia formalizados por la Administración General del Estado.
Entre los contratos que serán investigados se encuentran los concedidos a tres empresas que el PP liga a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño; y a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos.
En concreto, el otorgado a Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ahora denominada Beedigital, que según la denuncia tendría algún tipo de relación con el marido del ministra de Economía, Nadia Calviño Santamaría: "Al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa. Además, la adjudicación del contrato se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía a 884.000 euros", destaca el escrito del fiscal, que trascribe la denuncia del PP.
Ábalos e Illa
Anticorrupción también investigará el contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que según una publicación periodística podría tener algún vínculo con Ábalos. El acuerdo con la firma FCS Select Products S.L. también será analizado, pues el PP lo vincula al exministro de Sanidad Salvador Illa.
El resto de contratos sospechosos se concedieron a las empresas Member of the Tribe SL, Weihai Textile Group Import and Export LTD, Hyperin Grupo Empresarial e Industrias Plásticas Playbol SL. "El hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias [...] es la vinculación de cada una de las empresas con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos", destaca el documento fiscal.
Sin embargo, Luzón reconoce que el PP no aporta información "sobre la supuesta relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos".
"Estas conductas", prosigue el fiscal, "pudieran constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", concluye el escrito, que acuerda abrir las diligencias de investigación.
