El Gobierno cuenta con convalidar el decreto que contiene medidas para paliar los efectos de la guerra el próximo jueves con el apoyo de sus socios habituales. Pero el objetivo inicial, hace cuatro semanas, pasaba por conseguir la unanimidad en un asunto tan importante, con los transportistas en pie de guerra clamando por una bajada inmediata de los carburantes para poder mantener su actividad. La oposición de PP y Ciudadanos consideraba entonces “difícil” oponerse a un plan así y la duda era si podían llegar a dar el sí al Ejecutivo a cambio de que incluyera algunas de sus propuestas. 

El nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se abrió a apoyar el decreto si el Gobierno asumía parte de su plan fiscal, que entregó este viernes a la Moncloa dos semanas después de reunirse con Pedro Sánchez. Reconoció, eso sí, que el texto contenía “buenas medidas” para los ciudadanos a los que su partido no se opondría. De ahí, que el Ejecutivo contara con una posible abstención. Semanas después la situación es distinta

Los populares quieren esperar a que Pedro Sánchez se pronuncie sobre su plan económico (el objetivo es ponerle en un aprieto tras haber elaborado un documento sólido que contiene ayudas directas para las rentas más bajas que incluso algunos dirigentes populares tildan de socialdemócratas). “Que se retrate primero el presidente”, resumen en Génova, recalcando la “oposición propositiva” de esta nueva etapa.

La cuestión es que el PP no tiene decidido su voto y si el Gobierno, como todo apunta, no acepta su propuesta, el voto sería una abstención e incluso un no. Votar en contra está encima de la mesa a la vista de la debilidad creciente del Ejecutivo con sus socios, presionado cada vez más por el caso Pegasus (el espionaje que afecta a varias decenas de dirigentes independentistas). “Abordaremos el sentido del voto en el último momento”, reconocen en el PP. 

Además, el primer partido de la oposición cree que no sufriría un desgaste si finalmente se opusiera al decreto. Primero, porque a pesar de que la medida más potente (la rebaja de 15 céntimos por litro de gasolina) consideran que el plan es “del todo insuficiente” y que la sociedad así lo ha percibido teniendo en cuenta los niveles de inflación, rozando los dos dígitos.

También insisten en otros conceptos incluidos en el decreto que les hacen dudar, como las medidas relativas a los alquileres (“implican una inseguridad jurídica importante”, dicen), la cuestión de los despidos en materia laboral o el hecho de que finalmente no haya nada concreto sobre la excepción ibérica a la energía que Sánchez consiguió en Europa y que sigue pendiente de la autorización comunitaria.

Con todo esto encima de la mesa y las dudas de los socios habituales, el PP esperará. En la cúpula del grupo parlamentario reconocen que el “agotamiento” de todos los grupos por la manera en la que sigue funcionando el Gobierno a pesar de los avisos de sus socios es “inmenso”. La sensación generalizada en la Cámara es la de que en cualquier momento Sánchez “se puede llevar un susto” en una votación clave. Como publicó este diario, ERC y Bildu no se plantean hacer caer el decreto incluso tras el escándalo de Pegasus.

Pero los riesgos están ahí y una vez más el Ejecutivo puede depender de pocos votos. La prioridad es asegurarse el sí de todos los grupos con los que tienen sintonía porque si los republicanos catalanes o el partido ‘abertzale’ se quedara en la abstención, el no del PP y Ciudadanos sí haría peligrar el decreto.

El partido de Inés Arrimadas, igual que le sucede al PP, está ahora mismo dudando entre la abstención y el no. El encargado de defender la posición será el portavoz adjunto, Edmundo Bal (la líder sigue de baja por maternidad). Y en su entorno reconocen que la puerta al voto en contra está abierta y que no supondría un problema tener que defender esa postura. En el partido naranja entienden que el Gobierno “no ha hecho un solo esfuerzo” por atar su apoyo ni ha asumido las propuestas que ofrecieron. 

El nerviosismo es evidente y por eso el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha redoblado las llamadas a Bal. También ha habido contactos con Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Para el Gobierno, como ha sucedido en otras votaciones, sería muy importante tener asegurado el apoyo de los 9 diputados de Arrimadas. Pero en esta votación, al menos a seis días de que se produzca, los naranjas están entre la abstención y el no.