Un médico valenciano con ahorros de toda una vida y mucho miedo al ascenso imparable de lo que la derecha llama la izquierda radical. Esos fueron, básicamente, los argumentos esgrimidos por Alfonso Grau, una de las piezas clave de la trama de corrupción que investiga la macrocausa Azud, para llevarse 300.000 euros contantes y sonantes a la sucursal del BBVA, su banco, en París a finales de 2015

Eso, y una carta de recomendación que los investigadores consideran falsificada y que aportó como si la hubiese emitido su oficina en València. Pero no coló. La sagacidad de una empleada (española) destinada en la capital parisina y el protocolo de rastreo del banco dieron al traste con sus intenciones. No solo vieron que había omitido el detalle de que había sido vicealcalde de la ciudad –y político en activo, por tanto– hasta solo unos meses antes, sino que además comprobaron que estaba inmerso en varios casos de corrupción bajo investigación (Nóos y Puerto).

El argumento ante el banco: "Tengo miedo ante la incertidumbre política en España en las próximas elecciones y deseo diversificar el riesgo ante el resultado de estas"

Era finales del mes de octubre, con el Botànic ya en el poder desde mayo y unas elecciones generales en ciernes –se celebraron el 16 de diciembre– que prometían unos resultados nunca antes vistos para Podemos y sus mareas como polo de atracción de la ola de indignación del 11M que había sacudido aquel año las calles y las plazas de todo el país.

Y eso, el temor a los rojos, fue lo que argumentó Grau cuando en París le preguntaron por qué deseaba abrir una cuenta con esa cantidad de dinero precisamente ahí. En concreto, firmó un documento en el que aseguraba que lo hacía "porque tenía miedo ante la incertidumbre política en España en las próximas elecciones y deseaba diversificar el riesgo ante el posible resultados de estas".

Aportó, además, el certificado que lo acreditaba como recién jubilado –con un salario de 2.400 euros mensuales–, argumentó que tenía una casa valorada en un millón en València –la que le habría pagado el presunto corruptor, Jaime Febrer, a cambio de su supuesta colaboración en el negocio de hacerse con contratos y parcelas– y que pagaba 7.000 euros a Hacienda.

También, que tenía unos ahorros bancarios de 200.000 euros en España y que percibía un salario anual de 60.000 euros, más 30.000 de "otros ingresos". En fin, acreditaba una solvencia más que envidiable.

Sobre sí mismo, Alfonso Grau se limitó a decir que ese dinero que pretendía dejar a buen recaudo en París, los 300.000 euros, procedían de algo tan lícito como sus "ahorros" de toda una vida trabajando como "médico"

La inteligencia financiera destapó quién era

La inteligencia financiera, esto es, el programa de rastreo de nuevos clientes del banco dejó al descubierto que Grau había sido político en activo hasta que dejó el Ayuntamiento de València en marzo tras ser procesado en el caso Nóos –justo ese mes se jubiló–, sino que su nombre aparecía vinculado a investigaciones por corrupción en todos los medios de comunicación españoles, entre ellos, Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. Así las cosas, declinaron abrir esa cuenta y Grau tuvo que regresar a València con los 300.000.

Grau intentó abrir la cuenta en París con los 300.000 euros 9 meses después de clausurar una de las tres cajas de seguridad contratadas en València

El informe no solo recoge la biografía del ex vicealcalde y mano derecha de la alcaldesa Rita Barbéra, sino que incluye el rastreo de su actividad política y sus choques judiciales, así como los de su mujer en aquel momento, la también concejala de València María José Alcón, fallecida posteriormente. Agrega 15 enlaces de entre marzo de 2014 y octubre de 2015 no solo a noticias de medios de comunicación, sino también a la página oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la del Ayuntamiento de València o a la del Ministerio de Hacienda para que los empleados de la oficina parisina de BBVA pudiesen comprobar por sí mismos los datos que Grau no había revelado.

Se da la circunstancia de que esa excursión financiera fallida a París para abrir una cuenta bancaria, en la que pretendía poner como autorizada a su hija Sofía, también investigada en Azud, se produjo justo nueve meses después de cerrar una de las tres cajas de seguridad que tenía contratadas en València y en las que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil creen que ocultaba buena parte de las mordidas que Febrer le había pagado, además de los regalos de Navidad que tan profusamente repartió entre 2002 y 2012 el promotor inmobiliario epicentro de la trama ahora destapada por los especialistas en delitos económicos de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València.