El rizo del espionaje a dirigentes independentistas se enreda aún más. La comparecencia el jueves de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en la comisión de secretos oficiales en el Congreso, ha agravado aún más la crisis entre el Gobierno y ERC, su principal socio parlamentario, y ha provocado más inestabilidad. Esteban confirmó que el CNI espió a 18 personas, entre ellos el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marco de los disturbios que se produjeron en Barcelona y en el resto de Cataluña en octubre de 2019, después de que el Tribunal Supremo hiciera público la sentencia del procès.
En aquel momento el jefe del Govern era Quim Torrà y Aragonès era el vicepresidente y conseller de Economía. No ha trascendido si el CNI realizó escuchas también a Torrà y, por tanto, su nombre se encuentra entre esa veintena de cargos independentistas, a pesar de que el espionaje se realizó para buscar posibles vínculos entre sus líderes políticos y los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), que son la facción del separatismo que organiza las protestas callejeras. Pero lo que explicó la directora del CNI es que la intervención al teléfono de Aragonès y del resto de cargos, que no ratificó que se hayan hecho con el 'software' Pegasus, se hicieron con el aval del magistrado del Supremo que debe autorizarlas. Es decir, que están absolutamente motivadas.
No obstante en las últimas horas desde la Generalitat se ha apuntado a que en ese espionaje concurren también razones políticas porque, según la investigación de Citizen Lab, el móvil del president fue atacado en dos ocasiones, en octubre de 2019 y en enero de 2020. El mes de octubre coincide totalmente con los datos proporcionados ayer por Paz Esteban, porque fue cuando se produjeron los disturbios. Aunque para el Govern también es relevante que un mes después, en noviembre, se celebraran en elecciones generales, señalan las fuentes consultadas por este periódico. Pero donde ponen el acento es que, según sus propios datos, la intrusión también se produjo en enero de 2020, que es cuando el PSOE y ERC se encontraban negociando la investidura de Pedro Sánchez y que los republicanos sólo apoyaron tras arrancar el compromiso para la creación de una mesa de diálogo.
Espionaje en reuniones y negociaciones
El estudio de Citizen Labs, encargado por el propio independentismo, a raíz que se descubriera el espionaje al terminal del ex president del Parlament, Roger Torrent, sostiene que "los políticos catalanes estaban ampliamente infectados con Pegasus". "La selección tuvo lugar a lo largo de delicadas negociaciones entre los Gobiernos catalán y español".
Según sus datos, "todos los presidentes catalanes desde 2010 han sido atacados o infectados con Pegasus, ya sea mientras cumplían su mandato, antes o después de su retiro". Esto, mantienen, "indica un esfuerzo generalizado y extremadamente bien informado para monitorear los procesos políticos catalanes". "El momento de la focalización a menudo coincidía directamente con actividades sensibles y no públicas específicas, como reuniones estratégicas y negociaciones. Esto es muy sugestivo de un servicio de inteligencia bien dotado de recursos".
La investigación a Tsunami Democràtic
Sin embargo, este estudio, que amplía hasta a 65 personas el número de espiados, está redactado por Elies Campo Cid, con vínculos con el independentismo y está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el denominado Tsunami Democràtic, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio. En la Audiencia Nacional el Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga de forma secreta una causa contra esta organización, por los sucesos que se vivieron en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’. En este procedimiento el magistrado Manuel García-Castellón trata de determinar la financiación de la revuelta y quienes fueron los últimos responsables de los altercados.
Pero, las fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por esta redacción, rechazan que el teléfono de Campo fuera infectado con un troyano introducido por la Guardia Civil, que es la que actúa como Policía Judicial a las órdenes del magistrado García Castellón. Precisamente el nombre de este informático es otro de los que ha trascendido que fue interceptado por el CNI, con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que es el encargado de controlar las actividades del espionaje español.
Además, las citadas fuentes del caso aseguran a este periódico que en el caso de Tsunami Democràtic el Juzgado Central de Instrucción número 6 no requirió los servicios del CNI y que tampoco utilizó los servicios de Pegasus, habida cuenta de que el sistema que se utiliza es el denominado Sitel.
