Visto desde fuera, es inequívoco. Pero también el propio Gobierno admite que ahora sufre la "mayor crisis política" desde que arrancó una legislatura marcada primero por la pandemia y después por la guerra de Ucrania. Su relación con ERC, socio imprescindible (aunque no único) de legislatura, y cabeza de la Generalitat, pasa por su peor momento, al borde de la ruptura, por el caso Pegasus. Y sin que en la Moncloa tengan todavía claro cómo reconducir la interlocución con el Govern y si los siguientes pasos previstos —ahora, el más relevante, el encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, aún sin fecha— bastarán para atemperar su indignación. Por eso en el Gobierno se estudia la posibilidad de que se puedan desclasificar las autorizaciones judiciales otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para poder espiar al hoy 'president' y a otros 17 independentistas.

Aragonès exigió, de hecho, que se levante el secreto sobre ese aval del Tribunal Supremo a los servicios de inteligencia. Es "absolutamente imprescindible" conocer "los motivos que llevan a espiar a un responsable político" porque "en una democracia no se espía a los dirigentes de otros partidos", aseguró el viernes en Catalunya Ràdio, donde declaró que la confianza con el Gobierno "está rota, está a cero". También Unidas Podemos y el resto de formaciones soberanistas reclaman esa desclasificación. La Generalitat cree que Aragonès fue vigilado mientras el PSOE negociaba la investidura de Sánchez con ERC.

El Ejecutivo admite que atraviesa la "mayor crisis" con sus socios, y que ambas partes necesitan una salida. La fórmula es hacer ver a ERC que se ha actuado con "total transparencia"

"Necesitamos que ellos tengan una salida, y nosotros también, pero no vamos a hacer nada que comprometa a las instituciones del Estado", razonan fuentes gubernamentales consultadas por este diario. El objetivo, pues, es "recomponer" la relación con ERC, y la fórmula es que los republicanos "se convenzan de que el Ejecutivo ha actuado con total transparencia", señalan, y de hecho se ha proporcionado "mucha información" en la comisión de secretos oficiales, el pasado jueves en el Congreso. Pero esa montaña de papeles que mostró la directora del CNI, Paz Esteban, no es pública.

La Moncloa, por eso, sopesa si conviene desclasificar toda esa documentación, según confirmaron a este diario fuentes de primer nivel. "Tenemos que verlo. Lo que nunca jamás vamos a hacer es levantar la reserva de documentos que pueda afectar a la seguridad nacional", señalan. La ley de secretos oficiales, de 1968 (preconstitucional, aunque reformada en 1978), permite desclasificar archivos al órgano que los calificó como reservados o secretos. La desclasificación de un documento puede ser particla o total.

La agenda del presidente

El Ejecutivo ya canceló el veto de documentos relativos a la 'operación Kitchen' en 2018 y 2019, a requerimiento judicial, y lo hizo a través del Consejo de Ministros. Lo mismo haría ahora, apuntan desde el Gobierno: la desclasificación se articularía a través de la reunión del Gabinete. En cualquier caso, "no será inminente", en el Consejo de Ministros de este martes, sino "más adelante". "Primero tenemos que terminar la investigación interna en el CNI, ver qué sabemos y a partir de ahí tomar decisiones", responden en la Moncloa.

"Lo que nunca jamás vamos a hacer es desclasificar documentos que pueda afectar a la seguridad nacional", subrayan fuentes del Gobierno

Lo más inmediato, pues, será la entrevista de Sánchez y Aragonès, aunque aún no hay fecha. No será a primeros de esta próxima semana y será "algo complicado" casar las agendas, dicen en el Gobierno. Además de presidir el Consejo y atender a la sesión de control de los miércoles, el presidente tiene al menos dos viajes previstos e ineludibles: a partir del 22 de mayo, al foro económico de Davos, y el 30 y 31, a la cumbre informal de la UE en Bruselas. Además, el martes 17 recibe al emir de Catar. La idea de la Moncloa es que la reunión de los dos presidentes sea "pública", y no está decidido si será en Madrid o en Barcelona.

En el PSOE hay dirigentes que se reconocen "preocupados" por "todo el ruido generado y por los decibelios" del conflicto con ERC, que admiten que será "complicado, sin duda" enderezar el contacto con el Govern, pero también se cree que, antes o después, se logrará reconducir las diferencias, porque a ninguna de las partes les conviene romper ya la legislatura. En el Ejecutivo subrayan que se está siendo "muy transparentes", que se está "buscando la verdad y no ocultando nada". Y remarcan que han publicitado incluso, y puesto a disposición de la Justicia, el espionaje con el 'software' Pegasus a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, un paso no dado por ningún otro gobierno en el mundo hasta ahora y que ha supuesto señalar al CNI. "Puede ser discutible, pero desde luego es coherente con lo que hemos venido haciendo. Este tema ha puesto de manifiesto que hay un problema a nivel mundial con este programa israelí, y vamos a intentar esclarecer todo, aunque es muy difícil", justifican fuentes gubernamentales.

Robles "tiene su papel"

ERC, además, exige cabezas. En concreto, la de Robles. El presidente no se la va a conceder, ratifican desde la Moncloa, porque "no puede ser cesada a petición de los independentistas", y con la cumbre de la OTAN de Madrid a la vuelta de la esquina, en menos de dos meses (29 y 30 de junio). Además, la titular de Defensa "tiene su papel en el Gobierno", de azote a Unidas Podemos y al soberanismo, lo que permite a Sánchez cubrir con ella el espectro más moderado de su electorado. Y en los gabinetes, señalan desde el entorno del presidente, "hay que salvaguardar distintos perfiles".

En el Ejecutivo recalcan que la legislatura "no está en peligro" y que a fin de cuentas ERC "no ha estado en las votaciones más importantes"

¿Y Paz Esteban? Ya no está tan clara su caída como a primeros de esta semana pasada, cuando tanto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como la portavoz, Isabel Rodríguez, dejaron en el aire su continuidad. "Margarita defiende a la directora del CNI, y quiere mantenerla, así que hay que ir viendo", apuntan en el Ejecutivo. Es decir, que destituirla tendría la contraindicación evidente de que sería obvio que el cese se produciría sin la conformidad de su superior política, la ministra. Además de que, a día de hoy, no satisfaría los deseos de ERC y del Govern, que han apuntado más alto. Por lo tanto, Sánchez se encuentra entre la espada y la pared: con una demanda clara del independentismo a la que no está dispuesto a ceder.

La salida que indica la Moncloa es la de "recomponer la relación con ERC con diálogo y transparencia", haciéndole ver que su propósito de "buscar la verdad" es real, que se crea que el Gobierno "no ha ordenado ninguna escucha" y que "no ha sido beneficiario de ellas". Porque en el Ejecutivo siguen defendiendo que Sánchez "nunca supo nombres y apellidos de a quién se estaba vigilando". "Si la directora del CNI contó a Robles, no sabemos, pero lo que está claro es que esa información nunca llegó a la Moncloa", exponen.

Pese a que el conflicto con los republicanos se ha agravado, en el Gobierno persiste la convicción de que "no peligra la legislatura, en ningún caso", por lo que Sánchez podrá agotar su mandato cuando tenía previsto, en diciembre de 2023. En el equipo del presidente sostienen que lo logrará aun sin ERC, porque el partido de Aragonès "tampoco ha estado en las votaciones más importantes del lado del Ejecutivo". Y citan varios ejemplos: se abstuvo en la investidura (pero fue fundamental para que prosperase), votó en contra de varias prórrogas del estado de alarma, en contra del decreto de los fondos europeos —que salvó Vox—, en contra de la reforma laboral —en pie gracias a un error de un diputado del PP—, y en contra del plan de choque de respuesta a la guerra —el auxilio provino de EH Bildu—.

En el Gobierno inciden en que hasta ahora todas sus iniciativas han salido adelante (la excepción fue el decreto ley de remanentes de los ayuntamientos), con distintas combinaciones, por lo que ERC no es totalmente "imprescindible" para Sánchez. Pero la aportación de los republicanos va más allá de sus 13 escaños en el Congreso, ya que dirigen la Generalitat y Sánchez defiende el diálogo como uno de sus pilares de investidura. "¿Que tenemos desgaste? Sí, pero más desgaste tiene perder votaciones", contestan en el Ejecutivo. La inquietud es obvia, pero las luces de alarma aún no están encendidas. Y lanzan este aviso a ERC: "Siempre mira por el retrovisor a Junts. Pero este conflicto tampoco le va bien a ellos".