Un auditor ha asegurado como perito en el juicio de la Audiencia Nacional sobre los negocios privados de José Manuel Villarejo que el arquitecto Joaquín Torres, personado como acusación particular, sufrió un daño económico de unos 8 millones de euros a partir del año 2013, pero ha precisado que desconoce si esas pérdidas fueron como consecuencia de las supuestas maniobras del comisario.

En esta sesión del juicio, en el que Villarejo se enfrenta a 109 años de cárcel por las piezas separadas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', el perito ha comparecido antes de la reproducción de los audios incorporados a la causa y ha respondido a las partes por un informe que realizó a petición del arquitecto para calcular sus daños.

"Exactamente no se lo puedo decir, señoría", ha respondido el auditor a la pregunta final de la juez y presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que ha cuestionado al perito por si podía relacionar el perjuicio económico de Torres con los hechos que se enjuician.

Según el perito, fue a partir del año 2013 cuando el propio 'arquitecto de los famosos', como se le conoce a Torres, y la mayoría de sus sociedades entraron en concurso de acreedores. A preguntas del abogado de la acusación, el auditor ha explicado que su informe no determina si en esa deriva han influido cuestiones ajenas como la supuesta actividad contra Torres de Villarejo.

La auditoría ha constatado una evolución económica de las firmas de Torres "tremendamente negativa" desde 2013, si bien el perito ha señalado que en su informe no se ha metido a averiguar por qué se produjo ni si hubo también daños morales o reputacionales. El auditor ha admitido que le pidieron que midiera ese tipo de daños, pero no lo hizo, y ha explicado que son "muy difíciles" de valorar.

Dicho informe desglosa el daño económico ocasionado en tres partes: unos 5 millones por las reclamaciones de los honorarios profesionales que Torres habría dejado de percibir, un lucro cesante de alrededor de dos millones y medio, y la pérdida de valor de una marca del estudio de arquitectura que pasó por un proceso concursal.

Diferencias del cien por cien

Para calcular esos daños, el auditor ha descrito que ha comparado el flujo de caja de las sociedades con lo que hubiera sido un curso normal, además de compararlas con la evolución económica de compañías del mismo sector: "Las diferencias son del cien por cien".

El perito ha querido dejar claro que si hubiera un "nexo causal" entre los daños sufridos por Torres y los encargos a Villarejo de la empresaria y acusada Susana García-Cereceda, "deberá ser probado por los letrados y por lo que juzgue" el tribunal de la Audiencia.

"Como es evidente, las razones por las que una empresa puede ir a concurso son, evidentemente, mercantiles, pero no soy quién para valorar ese nexo. Simplemente me limito a la situación y al daño económico. El tema de los honorarios es un perjuicio que está incluido, pero no tengo el nexo causal de qué relación tiene con unas escuchas o lo que se juzga aquí", ha manifestado.

El encargo de García-Cereceda

García-Cereceda reconoció un encargo a CENYT, el grupo de Villarejo, dentro de la pieza 'Land' sobre la vida privada del que fue arquitecto de La Finca. De acuerdo con ella, al abandonar Torres la compañía hubo un "conflicto" que se fue "intensificando" en el tiempo y acabó materializándose en "querellas y denuncias cruzadas" entre las partes que, según ha reprochado, él aireó en programas de televisión donde "no dejaba de atacar la reputación de la empresa".

El perito ha declarado que no atribuye a las supuestas laboras de Villarejo el ser un posible detonante de la caída de los negocios de Torres porque no está al tanto del proceso judicial, antes de subrayar que él, si sabe algo, es por lo "leído y oído" en la prensa: "Si he visto algo de información ha sido para venir aquí".

Preguntado por si años antes a 2013 las empresas de Torres ya tenían deudas, el auditor ha expresado que no lo sabe, dado que no ha auditado las cuentas -aunque ha reconocido que dos sí perdían dinero pero no se han incluido en el cálculo- y ha añadido que hasta 2018 "prácticamente todas las sociedades dejan de trabajar y las deudas bancarias provocan que fueran a concurso y la mayoría a liquidación". "No les puedo decir las causas", ha insistido.