El exconsejero y exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados no considera justo que solo él acabe siendo condenado por el caso Púnica, mientras que su examigo y exsocio, David Marjaliza, que decidió colaborar con la justicia no tenga que responder por sus actos ante un tribunal. Por eso, tras ser condenado a dos años de prisión por el 'chivatazo' que le dio el guardia civil José Luis Caro Vinagre, por el que supo que estaba siendo investigado, ha denunciado al constructor por aprovechamiento del secreto o de la información privilegiada o, subsidiariamente, de revelación de secretos, para que él también pague.

La denuncia de Granados y de Caro Vinagre contra Marjaliza y otros de los que estuvieron imputados en la causa, pero quedaron fuera cuando el juez dictó el auto que dio por concluida la instrucción y transformó las diligencias, correspondió al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, que se declaró competente para investigarlo. Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha dado la razón al constructor arrepentido y ha estimado su recurso, que fue apoyado por la fiscalía, en un auto al que ha tenido acceso este diario.

Especial reproche

Eso significa que el caso se remitirá al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, Manuel García-Castellón, ya instruyó esta pieza menor del caso Púnica que supuso la primera condena de Granados. La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al exsecretario general del PP madrileño declaró que el 'chivatazo' produjo un "intenso" daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores, ya que permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación del dinero ilegalmente obtenido.

Respecto de Granados, destacaba las responsabilidades que tuvo como consejero de Interior y de Justicia de Madrid, que ha desempeñado cargos electos municipales (alcalde de Valdemoro -Madrid-), autonómicos (consejero) y estatales (senador), lo que supone que su conducta sea merecedora de "un especial reproche". La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, por lo que ya es firme.