Junts per Catalunya sigue defendiendo su propuesta unilateral de blindaje del catalán en las escuelas mediante un decreto, al margen de la posición del resto de partidos con los que firmó inicialmente un pacto para actualizar la ley lingüística y así responder a la sentencia del TSJC que obliga a aplicar un 25% de catalán en las escuelas . "El consenso para la reforma [de la ley de política lingüística] no existía, no existe y difícilmente existirá", ha aseverado Mònica Sales, portavoz del partido en el Parlament. "No nos sentimos interpelados", por el ultimátum de ERC, el PSC y los 'comuns'. "El consenso es difícil", ha advertido mientras rechazaba de forma taxativa la reforma de la ley.

Segun Sales, el Govern ha recibido "con buenos ojos" la propuesta de decreto, porque sólo podría ser recurrido al Tribunal Constitucional dicho decreto. Con todo, la portavoz de Junts ha mostrado voluntad de acuerdo: "No hemos salido de la voluntad de consenso, ha de ser político e incluir la comunidad educativa y las entidades que trabajan por la lengua", ha advertido. Y ha repelido el ultimátum con este mensaje: "el plazo es el consenso". Sales ha afirmado que Junts está abierta a otras alternativas jurídicas", si bien se ha mostrado clara reiteradamente a la hora de rechazar la reforma de la ley.

El mensaje de fondo

El decreto ley de Junts se basa, según Sales, en "garantizar la vehicularidad del catalán y la aplicación de la inmersión, proteger a directores y docentes y validar finalmente los proyectos lingüísticos a través del departament d'Educació". Junts ha reiterado su compromiso por la inmersión mediante un "consenso social y político", un acuerdo "lo más amplio posible" entre los partidos y las entidades. Sales ha pedido "responsabilidad, altura de miras y mano tendida". Y ha reclamado "un frente unitario" en el Congreso para proponer un cambio en la ley educativa estatal, conocida como la ley Celaá.