La Comisión de Igualdad del Congreso tiene previsto aprobar en unas horas el dictamen sobre la ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como "ley del sólo sí es sí", y en vez de estar la situación calmada, va poco a poco hundiéndose en la incertidumbre y en la tensión. La causa no se encuentra en esta ocasión en el malestar de ERC o en el misterio del PP. La causa está en una decisión del PSOE.

El grupo socialista, según han informado fuentes del grupo parlamentario a este medio, ha optado por mantener vivas sus enmiendas a favor de la abolición de la prostitución y ha generado, por ello, un malestar importante en Unidas Podemos y dudas serias en aliados como ERC, PNV o EH Bildu. El endurecimiento del Código Penal contra el proxenetismo y también el endurecimiento contra la tercería locativa (lucro derivado del alquiler de locales dedicados a la prostitución) representan una posición conocida del PSOE. Las fuentes destacan que la apuesta por conservar las enmiendas y propiciar que se voten en la Comisión es coherente. Sin embargo, se trata de una posición que no gusta nada a Unidas Podemos, ni obviamente al Ministerio de Igualdad, pues puede poner en jaque la aprobación de esta norma tan demandad por el feminismo.

Las citadas fuentes han destacado que las conversaciones van a continuar durante la tarde y la noche de este martes, así como durante la mañana del miércoles. En el trámite parlamentario la negociación del contenido final del dictamen puede llegar al mismo instante en que se debata y vote en el pleno, lo que previsiblemente suceda la semana que viene. No obstante, que haya choque cuando se celebre la sesión de la Comisión de Igualdad no es lo deseado.

Además, se da la circunstancia de que la posición del PSOE contra la prostitución reflejada en sus enmiendas coincide en gran medida con la del PP, hasta el punto de que ni socialistas ni populares descartan la pinza aquí. La unión entre los dos principales grupos del Congreso incluiría las propuestas de la formación de Pedro Sánchez en el dictamen. Ahora bien, eso no garantizaría el "sí" del partido de Alberto Núñez Feijóo al texto global, del mismo modo, argumentan las fuentes socialistas, que el acuerdo con el PP no tiene por qué provocar el rechazo de Unidas Podemos y otros aliados.

El papel del PP y los socios

Una visión bastante optimista de los socialistas, pues el hecho de que el PP dé el visto bueno a las enmiendas sobre proxenetismo y tercería locativa no garantizaría un apoyo total al texto legal. Fuentes populares precisan a este periódico que no son favorables a votar que sí a la norma, sino que se mueven en el ámbito de la abstención o del no.

Asimismo, los socios parlamentarios no comparten para nada el planteamiento socialista sobre tercería locativa y prostitución. Cabe recordar que Cs, ERC, Bildu, JxCAT, la CUP y En Comú Podem registraron enmiendas para suprimir la reforma del artículo 187 del Código Penal, donde se pretende modificar la persecución del proxenetismo y la tercería locativa, ámbitos que el PSOE quiere endurecer aún más. 

Fuentes del PNV lamentan que el PSOE haya puesto a los grupos en “una situación muy complicada”: mientras comparten el espíritu de la ley, ese sólo sí es sí, están en contra de regular la tercería locativa en esta norma.

Los socios parlamentarios critican que el PP no se mueva; creen que será clave para que salga adelante la reforma de la tercería locativa: "Un PP que luego no sabemos si apoyará la ley. Así que los demás estamos en una situación complicada”, sostienen las fuentes consultadas.

Carmen Calvo, en el Congreso. EFE

Estos grupos mostraron desde el primer momento su disconformidad con el abordaje del proxenetismo y la tercería locativa en la ley de garantía integral de la libertad sexual, pues consideran que es un asunto que debe abordarse en otra ley. Además, grupos como ERC y JxCAT han mostrado un posicionamiento regulacionista.

El galimatías es importante y sólo faltan unas horas para que empiece la Comisión, que preside, cabe recordar, una histórica dirigente feminista, Carmen Calvo, favorable a la abolición de la prostitución. De hecho, cuando fue vicepresidenta del Gobierno, llegó a tantear al Partido Popular para poner en marcha una ley de trata.

La ley de garantía integral de la libertad sexual pretende castigar todas las violencias sexuales, introduce el consentimiento como figura clave en el enjuiciamiento de los delitos sexuales y elimina la distinción entre abuso y violación. Los socios del Gobierno comparten estas medidas, pero no la reforma del artículo 187 del Código Penal, sobre proxenetismo y tercería locativa.