Familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' han asegurado este lunes que los perjudicados por el hundimiento del barco son ellos y no la empresa armadora. Así lo han señalado tras reunirse esta mañana con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y después de conocerse que la compañía Nores ha pedido al juez personarse en la causa como perjudicada por el naufragio.

"No lo entiendo", ha lamentado la portavoz de las familias e hija de uno de los marineros fallecidos, María José de Pazos, quien ha indicado que los perjudicados son los familiares de las víctimas, que están "rotos" y que son los que realmente quieren saber "la verdad".

Por ello, ha subrayado la necesidad de que se baje al pecio para obtener datos de lo que pudo haber ocurrido en la madrugada del 15 de febrero y ha reivindicado que las familias y el tercer superviviente, Samuel Kwesi Koufie, siempre han insistido en la necesidad de buscar el barco hundido, mientras que los otros dos supervivientes (el patrón, Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial) no lo han solicitado, así como tampoco lo ha hecho la empresa armadora. "Con las palabras cada uno se retracta", ha sentenciado.

Moción en Vigo

De Pazos ha agradecido a Caballero la reunión y ha adelantado que el pleno del Concello de Vigo aprobará previsiblemente este miércoles una moción en apoyo a las familias de los 21 marineros fallecidos, como ya hicieron hace un mes otros municipios gallegos. En esta moción se insta al Gobierno a que se baje al barco para buscar pruebas, "se sepa la verdad y se haga justicia".

De Pazos ha puesto el foco en los indicios que apuntan hacia el capitán del barco, que podría haber cometido 21 delitos de homicidio por imprudencia, tal como recoge la Audiencia Nacional en su auto.

El tribunal ha citado a Juan Padín a declarar el próximo 31 de mayo en Madrid como investigado de la causa, mientras que los otros dos supervivientes declararán en calidad de testigos.

A principios del mes pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó remitir a los juzgados de Marín la investigación sobre el naufragio, indicando en su auto que veía indicios de "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores".

Sin embargo, el juzgado de Marín rechazó hacerse cargo del caso, al no verse competente, por lo que ahora la AN comenzó las diligencias, aunque previsiblemente será el Tribunal Supremo el que finalmente decida a quién le corresponde la causa.

En este sentido, la Audiencia Nacional puso en "duda" la versión ofrecida por Juan Padín, el patrón del pesquero, indicando que la velocidad del buque a las horas de la tragedia "suscita dudas" sobre la declaración del capitán acerca de la parada de los motores por avería como causa determinante de la escora y posterior hundimiento del barco.