El PSC ha defendido este martes su posición ambivalente con respecto a la respuesta política que se está dando desde Cataluña a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que dispone que un 25% de las clases se den en castellano. Los socialistas han pactado con ERC, Junts y comunes una ley que, en réplica a esa resolución judicial, quiere regular el régimen idiomático en las escuelas; sin embargo, están en contra del decreto que el Govern aprobó este lunes.

Lo están porque, según ha explicado la portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, colisiona con la decisión del TSJC. Y una de las premisas de los socialistas es que hay que cumplir las sentencias, "gusten o no". Además, el PSC no ve problema en que la presencia del castellano en las aulas se incremente hasta ese 25% que pide el tribunal. "¿Qué problema hay en que se dé una materia en castellano?", se ha preguntado Romero. "Eso ya pasa en muchas escuelas, y eso no es un problema", ha añadido.

La dirigente socialista, que ha aventurado que el decreto del Govern saldrá adelante con el apoyo de los comunes, ha explicado por qué su partido se opone a ese texto. "Se habló de que ley y decreto irían en consonancia, pero por desgracia ayer vimos que no era así. No se habla del castellano, y se apoya una inaplicación de porcentajes, es decir, incumplir la sentencia. También de otros elementos que se utilizan para establecer el currículum en las aulas", ha dicho Romero. 

Para el PSC, el punto de partida de cualquier sistema sigue siendo el mismo: "El catalán es lengua minoritaria que hay que garantizar y proteger, pero el castellano tienen que ser también lengua de aprendizaje y puede ser vehicular en otras materias, como matemáticas o educación física".