La nueva Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que el Gobierno identifica como una de las grandes reformas legales vinculadas al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, apura los últimos pasos hacia su aprobación definitiva. El Pleno del Congreso previsiblemente aprobará esta semana la nueva norma para su remisión al Senado y su posterior entrada en vigor.
Entre los grandes hitos recogidos en la norma y de los que más se ha hablado está la posibilidad de crear compañías con solo un euro y de manera telemáticas y otras reformas para impulsar el emprendimiento. Pero el texto definitivo de la Ley Crea y Crece, que ha salido adelante de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso por mayoría, incluye también nuevas medidas para combatir la morosidad entre empresas y para reducir el plazo de pagos de facturas a proveedores.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado noviembre ya contemplaba la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, en el que estarán representados los agentes sociales y diferentes asociaciones e instituciones vinculadas a la morosidad y que actuará como órgano consultivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El nuevo Observatorio de la Morosidad Privada, que deberá estar en funcionamiento antes de seis meses después de la entrada en vigor de la ley, hará un seguimiento de la evolución de los plazos medios de pago y de la morosidad en las operaciones.
En el texto final pactado entre una mayoría de grupos políticos en el Congreso se recoge como novedad que el Observatorio tendrá que publicar cada año un listado de empresas que incumplan los plazos de pago marcados por la ley (de 30 días con carácter general desde la entrega de la mercancía o la prestación del servicio o como máximo de hasta 60 días si ambas partes así lo pactan).
El Gobierno ya publica cada año el listado de grandes deudores con la Hacienda Pública, en el que se recogen a empresas y personas físicas que acumulan impagos con la Agencia Tributaria superiores a los 600.000 euros. Ahora se pretende hacer público también con periodicidad anual una lista de compañías que acumulan importantes impagos de facturas a sus proveedores privados.
En el nuevo listado de morosos figurarán compañías que a 31 de diciembre del año anterior acumulen facturas impagadas o fuera del plazo marcado por ley de más de 600.000 euros y que hayan pagado en plazo menos del 90% del total de sus facturas con proveedores. En el listado sólo se incluirán empresas medianas o grandes (con más de 50 empleados, con una facturación de más de 8 millones de euros o con activos por más de 4 millones). En el informe se incluirá la denominación social de la empresa, su número de identificación fiscal y el importe de las cantidades dentro de los plazos establecidos por la normativa de morosidad.
Desde las asociaciones de pymes y autónomos se ha venido exigiendo que se incluyera en la nueva ley el establecimiento de sanciones contra las empresas que incumplen los plazos de pago a proveedores como medida más efectiva para combatir la morosidad, y ven insuficiente esta suerte de “pena de telediario” que tendrá para las compañías morosas figurar en un listado público. No obstante, en la ley sí que se recoge la prohibición de que las empresas morosas accedan a subvenciones (en la versión final se establece que sea para subvenciones superiores a 30.000 euros), en un momento clave de reparto de ayudas por los fondos europeos del Plan de Recuperación.
Equilibrios políticos
La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas es la tercera de envergadura que aprueba la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso tras la de telecomunicaciones y la de comunicación audiovisual. Son tres normas muy extensas, muy técnicas, y la negociación no ha sido fácil. Desde abril, se han ido encadenando las ponencias destinadas a retocar los proyectos según llegaron del Consejo de Ministros.
La búsqueda de consenso ha encontrado obstáculos, algunos severos. La de telecomunicaciones, de hecho, ha sido la que menos dolores de cabeza ha provocado. No fue el caso de la audiovisual, a la que una enmienda de última hora sobre la producción independiente estuvo a punto de mandarla al traste.
Salieron adelante, y también saldrá la de empresas, aseguran fuentes parlamentarias que han participado en las negociaciones. Aunque faltan votos por sujetar, las previsiones son optimistas. Cuentan en el PSOE y en Unidas Podemos con las abstenciones del PP y de Cs, pues esas fueron sus posiciones en la sesión de la Comisión de hace una semana. Esto garantiza la viabilidad del trámite, de no cambiar las posturas.
Ahora bien, ERC y PNV son dudosos, así como el PDeCAT, si bien las conversaciones con esta última formación, liderada por Ferrán Bel en la Cámara, han cuajado en enmiendas transaccionales sobre pagos a contratistas y subcontratistas. Su apoyo es ahora la opción más segura. En EH Bildu apuntan que no habrá problemas, pero las fuentes de este grupo se reservan la revelación del voto.
Las negociaciones van a continuar hasta este jueves, hasta antes del inicio de la votación telemática. Las modificaciones que puedan producirse serán analizadas con lupa por el grupo popular, por lo que no es descartable que giren al “no”. El Gobierno intentará mantener el equilibrio de votos actual, añaden las fuentes: es el camino más directo para la aprobación. Como dijo el diputado del PP Miguel Ángel Castellón hace una semana en la Comisión, “este proyecto de ley no es un proyecto de ley que reste, no resta, pero tampoco suma lo que debiera”. Aunque en el PSOE reconocen que están aún a la espera de que los populares confirmen el voto, parece claro por dónde irán los tiros.
