El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha dictado que se archive la causa abierta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colaua raíz de la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en la que denunciaba presuntas irregularidades en las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a diversas entidades afines. Entre ellas el Observatori DESC --donde la alcaldesa trabajó antes de entrar en la política--, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) --de la que era portavoz y cabeza visible--, Alianza contra la Pobreza Energética o Enginyers Sense Fronteres. Colau, quien tuvo que declarar como imputada el pasado 4 de marzo, ha comparecido este viernes para expresar su satisfacción por la decisión judicial, pero ha criticado duramente que "asociaciones fantasma o pantalla", así como "sectores económicos determinados" hagan un "mal uso reiterado de la justicia". Aludía así a la decena de querellas contra ella o sus concejales archivadas hasta la fecha.

Este proceso judicial se abrió por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Los abogados de la alcaldesa, Olga Tubau y Àlex Solà, solicitaron el archivo del caso y la propia Fiscalía avaló esta petición el pasado mayo. El fallo del juzgado, conocido esta mañana, reincide en las mismas ideas: "No se aprecia que la conducta descrita pueda subsumirse en ninguna de las conductas que nuestro código penal tipifica como tales, y ello desde la propia narración de los hechos u operaciones presuntamente ilícitas, y de los documentos, declaraciones y pruebas realizadas, así y con relación a este punto se relata en la querella".

En defensa de las subvenciones

En rueda de prensa, Colau ha defendido la política de subvenciones del ayuntamiento. "Las entidades sociales hacen una labor imprescindible en la ciudad y están al lado de los más vulnerables", ha insistido, lamentando que estas denuncias también las "estigmatizan" a ellas. Los querellantes cuestionaron las ayudas directas a los mencionados colectivos, y el hecho de que la interventora delegada del consistorio hubiera realizado algunas "advertencias" al respecto. Sin embargo, las subvenciones ya se otorgaban en anteriores mandatos. Y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ahora se archiva la investigación al entender que no hay indicios de delito en la actuación de la alcaldesa, dado que esta delegó sus funciones relativas a la concesión de subvenciones (en las estructuras de distintas áreas y gerencias), sin que conste que diera instrucción alguna al respecto.

En el escrito del juzgado también se remarca que la interventora del ayuntamiento, funcionaria de carrera y que no depende de ningún partido, atestiguó que "no observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades pero que nunca transcenderían el ámbito penal". Finalmente, el tribunal constata que en ninguno de los expedientes aportados a la causa, que son base de la acusación, se detecta "irregularidad alguna", siendo aprobados por mayoría al pleno municipal.

Procedimientos costosos

La líder de los 'comuns' ha reiterado su malestar por las cruzadas judiciales en las que continuamente se están viendo implicados ella o su equipo: "No son asociaciones de vecinos, son entidades fantasma que no sabemos quien financia ni cuál es su finalidad". Afirma que los procedimientos son costosos, por lo que detrás hay "grandes poderes fácticos y económicos" que quieren intimidarla por defender derechos como el del agua o a la vivienda digna. "No lo conseguirán, estamos más motivados que nunca" y "este ayuntamiento no se compra", han sido algunas de sus proclamas.

El abogado Àlex Solà ha lamentado que la querella se hubiera admitido a trámite, habiendo un archivo previo por "los mismos hechos" en junio de 2021. Ha recordado que el nuevo archivo ha sido notificado pero no es aún firme, por lo que podría ser recurrido por la otra parte.