La Audiencia de Barcelona ha ordenado al juez Joaquín Aguirre que justifique y explicite la razón por la que acordó investigar el patrimonio y los viajes del jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, en una causa abierta por presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona hacia diversas entidades, entre ellas algunas del ámbito soberanista, y presunta financiación del 'procés'. El tribunal de la Sección 21 estima, así, parcialmente el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra la nueva batería de diligencias dictadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en relación a Alay.
En concreto, el juez ordenó a la Guardia Civil que investigara el patrimonio del actual jefe de la oficina de Puigdemont a fin de determinar si se "enriqueció ilícitamente" cuando era comisionado de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona, como "al parecer hizo de forma muy notoria" su antecesor, Jordi Castells Massana (ahora cargo de la Generalitat), con la aprobación y finalización de los expedientes de las subvenciones otorgadas para la cooperación al desarrollo. El togado también requirió a la entidad provincial que le informara de todos los viajes realizados por Alay mientras estuvo en esta institución (entre 2015 y 2018, durante la época de CiU) y que corrieron a cargo de la misma, así como los expedientes que soportan este gasto. Esta documentación ya ha sido aportada y en ella figuran varios viajes. Los gastos de dos de ellos fueron cargados en un principio a la Diputación y después le fueron reclamados a Alay.
Los magistrados de la Audiencia de Barcelona rechazan que la investigación sea prospectiva, como alegaba la fiscalía para pedir su archivo, pero admite que en la resolución del juez no se han puesto de manifiesto "las sospechas sólidas que justifiquen la pertinencia y necesidad de aquellas diligencias". En consecuencia, anula las diligencias acordadas y solicita al juez dictar una nueva resolución en la que las justifique, pero no en base a los "resultados sobrevenidos que pudieran haberse obtenido" mientras se tramitaba el recurso de la fiscalía.
La trama de la Diputación
Las nuevas diligencias derivan de un informe de la Guardia Civil que mantiene que Jordi Castells, actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat incrementó su patrimonio en 300.000 euros cuando fue director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, en la etapa de CiU, por pagos que podrían proceder de entidades proveedoras de la corporación provincial. El juez Aguirre razonó en su auto que Alay sucedió a Castells en su cargo y que bajo su mandato se finalizaron varios de los expedientes de proyectos de cooperación internacional que están siendo investigados por supuesto desvío de fondos a fundaciones afines a CDC, trama que dio pie a las intervenciones telefónicas que después derivaron en el 'caso Volhov' de presunta corrupción.
Según la Audiencia, la resolución del juez "no especifica de qué expedientes estamos hablando ni concreta los elementos indiciarios que justifiquen abrir la nueva línea de investigación" contra Alay, mientras que la motivación "resulta concisa y escueta". En ese sentido, recuerda que estas pruebas se sitúan "en el marco de un proceso penal que se abrió hace seis años por presuntas subvenciones ilícitas de la Diputación de Barcelona a determinadas fundaciones y asociaciones independentistas". "En consecuencia, la resolución exigía un plus de motivación para garantizar el derecho de defensa del investigado, explicar las razones y conexidad de esta nueva línea de investigación y evitar cualquier atisbo de nulidad", añade el auto. El juez Aguirre tiene otras investigaciones abiertas en relación a Alay.
