Que se derogue la Ley de Amnistía de 1977 y sus blindajes de cargos del franquismo aún vivos, que el Estado actúe de oficio en la devolución del valor de bienes incautados por la dictadura, y que se elabore no solo un censo de víctimas, también una lista de verdugos. Son tres de las propuestas que ha formalizado este martes ante el Congreso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la entidad veterana en el rescate de restos mortales en las fosas comunes de la guerra y la postguerra, la que arrancó en el año 2000 la actividad de las exhumaciones organizadas en España.

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática cuya aprobación ha conseguido el Gobierno con acuerdos con Esquerra y Bildu no satisface a la entidad, que vuelve a ver en el texto legal una iniciativa "insuficiente en las garantías que debe dar, para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura franquista".

Por esta razón, la ARMH se ha dirigido al Congreso para inscribir un grupo de enmiendas, una lista de "Diez medidas que no están la Ley de Memoria Democrática y deben estar". Así es como se titular el documento registrado, en el que piden que un "censo de verdugos" -como ya adelantó este diario- inscriba no solo a quienes ordenaron penas de muerte o apretaron el gatillo, también a los que "se beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la dictadura". La constitución de ese censo va también asociada a una labor didáctica escolar sobre "como destruyeron un régimen democrático".

Entre las medidas que esa entidad propone a los políticos está que los programas de formación de las academias militares "incluyan de forma prioritaria materias relativas a la memoria histórica y los derechos humanos". Además, una extensión en la "exigencia de responsabilidades" a dos poderes: la Iglesia, que "fue parte del Estado franquista" y "las empresas que utilizaron mano de obra esclava y se enriquecieron gracias a la represión". En este segundo caso, el escrito pide que las empresas que emplearon a presos políticos "señalicen las obras hechas por ellos e indemnicen a sus familias".

No a la subvención

La ARMH exige que se hagan accesibles también a las víctimas del franquismo los mismos derechos sociales que los concedidos a las víctimas del terrorismo, así como una serie de medidas de repudio público por parte del Estado a la dictadura y el golpe de Estado de 1936. Hay en ese memorial peticiones para que se digitalice "toda la documentación relacionada con la represión", se retiren de las bibliotecas "los libros que siguen amputados por la censura franquista" y en todos los plenos municipales se rehabiliten los nombres de los represaliados.

Pero hay además una medida que va contra el tronco central de las políticas de Memoria Histórica desarrolladas hasta ahora por gobiernos socialistas: el fin de la subvención. Desde el punto de vista de la ARMH, no deberían existir subvenciones a las exhumaciones de fosas, sino una cultura automática de implicación estatal. "Los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan", dice su carta al Congreso.

Esta petición implica la creación de un organismo público de atención a descendientes de desaparecidos y de búsqueda de esas personas, "que las identifique y recoja pruebas que se conviertan en denuncias ante los órganos judiciales".

El memorial no es es solo de propuestas, recoge también algún agravio: por ejemplo, el desigual trato en las políticas de memoria a las personas y las entidades políticas. En materia de reparación de bienes incautados, tilda de "discriminación" el que "algunos partidos y sindicatos sí hayan sido reparados por el Estado, pero no se haya hecho ni se haga lo mismo con las familias represaliadas".

El coordinador de la ARMH, nieto de un desaparecido por el franquismo y pionero en la exhumación de fosas, Emilio Silva, cree que la nueva Ley de Memoria que ya está en manos de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja es "muy insuficiente". Y pone un ejemplo: la palabra "víctima" aparece en la ley 142 veces; la palabra verdugo, ninguna". En su opìnión, "no puede ser que una ley quiera hablar de 'verdad' si no dice nada de quiénes dieron ese golpe de Estado en 1936, de quienes hicieron desaparecer en este país a más de 114.226 personas, civiles que no estaban en ninguna guerra y que fueron perseguidos, asesinados y económicamente saqueados".